En un desenlace político de enorme gravedad institucional, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, presentó su renuncia formal al cargo este jueves mediante un comunicado difundido en sus redes sociales. La dimisión se produjo de forma simultánea mientras la Cámara de Diputados llevaba adelante el debate del pedido de juicio político promovido por la oposición y sectores disidentes, tras la profunda crisis desatada por la quiebra y resolución de Ueno Bank.

El detonante central de la caída del mandatario fue la resolución dictada por el Banco Central del Paraguay, que declaró la insolvencia de Ueno Bank y ordenó su cierre. La caída de la entidad crediticia bloqueó de manera inmediata los fondos y ahorros de millones de personas en todo el territorio paraguayo, comprometiendo además millonarias inversiones de organismos públicos y del Instituto de Previsión Social (IPS), lo que provocó una inmediata indignación social.

Paralelamente, en el ámbito legislativo avanzó un libelo acusatorio que imputaba a Peña por mal desempeño en sus funciones y conflicto de intereses. Los legisladores sustentaron la denuncia en los antiguos vínculos comerciales y accionarios que el presidente mantuvo con la firma bancaria, acusándolo de tomar medidas regulatorias favorables para la colocación de fondos previsionales en dicha institución antes de su colapso.



Sin embargo, el elemento determinante que precipitó la renuncia de Santiago Peña fue el quiebre interno dentro de la fuerza gobernante. El Partido Colorado, conducido por el expresidente Horacio Cartes, le retiró formalmente el respaldo político a la gestión y anunció públicamente que sus diputados votarían a favor de la destitución durante la sesión especial. Ante la certeza de que el libelo contaba con los votos necesarios en ambas cámaras para su remoción definitiva, el mandatario optó por dimitir antes de que se concretara el fallo del Congreso.

La dimisión abre una nueva etapa de incertidumbre política en el país vecino, mientras las autoridades parlamentarias organizan los pasos constitucionales para la sucesión ejecutiva y los organismos financieros evalúan la aplicación del fondo de garantía para devolver los recursos a los ahorristas afectados por la quiebra.