En un nuevo e imprevisto giro dentro de la severa crisis institucional que atraviesa Paraguay, el presidente Santiago Peña reapareció públicamente mediante una carta difundida en sus redes sociales oficiales. En el comunicado, el mandatario afirmó que se presentará formalmente ante el Congreso de la Nación para ejercer su derecho a la defensa en el juicio político que se instruye en su contra, tras la quiebra y posterior disolución de la entidad financiera Ueno Bank.

La reaparición del jefe de Estado se produjo en medio de intensas versiones periodísticas y políticas que especulaban con su presunta salida del país. Sin embargo, Peña ratificó su presencia en el territorio nacional y confirmó que solicitó formalmente una prórroga de 72 horas al Poder Legislativo para compilar las pruebas y armar el libelo de descargo junto a su equipo legal.

La postura defensiva de Peña sobreviene luego de un bloqueo parlamentario clave: aunque el mandatario había anunciado su dimisión horas antes, la sesión conjunta del Congreso fracasó debido a la negativa de los bloques opositores y disidentes a aceptar su renuncia. Los legisladores argumentaron que tratar la dimisión le habría permitido a Peña acogerse a los fueros constitucionales en su condición de expresidente y senador vitalicio, esquivando de ese modo la destitución por la vía del juzgamiento legislativo.

En el plano financiero, la crisis se profundizó luego de que el Banco Central de Paraguay dictara la intervención y resolución definitiva de Ueno Bank tras verificar que su patrimonio descendió a menos del 50% del mínimo legal obligatorio. El colapso dejó congelados los depósitos de casi tres millones de ahorristas —prácticamente la mitad de la población del país vecino— e impactó de manera directa en fondos estatales e inversiones del Instituto de Previsión Social (IPS).

Acorralado por sus antiguos vínculos comerciales con el grupo controlante del banco y sin el respaldo del Partido Colorado —cuyo líder, el expresidente Horacio Cartes, ratificó que la bancada votará a favor de la destitución—, Peña sostuvo en su escrito que rendirá cuentas frente a la ciudadanía. Asimismo, prometió colaborar con los organismos judiciales competentes para determinar las responsabilidades penales de la quiebra y garantizar que se esclarezcan las irregularidades sin encubrimientos.