Una severa crisis institucional y financiera conmociona a Paraguay luego de que legisladores de la oposición formalizaran en el Congreso un pedido de juicio político contra el presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana. La iniciativa busca la destitución de los mandatarios por mal desempeño en sus funciones, señalando un presunto conflicto de intereses y decisiones regulatorias desfavorables tras la caída de Ueno Bank, una de las entidades crediticias más importantes del país vecino.

El colapso de la institución bancaria generó un impacto sin precedentes en el sistema financiero paraguayo al dejar congelados los recursos de casi tres millones de personas, una cifra equivalente a prácticamente la mitad de la población nacional. La magnitud del episodio provocó de forma inmediata la renuncia del presidente del Banco Central de Paraguay, Carlos Carvallo, e impulsó la apertura de actuaciones penales por parte de las autoridades judiciales.

Según confirmó el diputado oficialista disidente Mauricio Espínola, la acusación reunió el número de firmas requeridas para su tratamiento, fijando la sesión especial en la Cámara de Diputados para este jueves a las 10:00 (13:00 GMT). El texto acusatorio fundamenta el pedido en incrementos patrimoniales no aclarados y en la derivación de fondos previsionales hacia la entidad caída, donde el presidente sostuvo participación accionaria hasta el año 2025.

Para avanzar con la destitución, el bloque opositor requiere de 53 votos sobre los 80 escaños que componen la Cámara Baja. En caso de alcanzar dicho margen, la resolución definitiva quedará en manos del Senado, donde se necesitan 30 adhesiones de 45 integrantes. Si bien el Partido Colorado cuenta con mayoría legislativa, la votación estará sujeta a la posición del sector alineado con el expresidente Horacio Cartes, actualmente distanciado de la conducción oficial.

En paralelo al escenario parlamentario, la Fiscalía impulsó un operativo que derivó en la detención de ocho ejecutivos del banco, incluido su presidente Miguel Vázquez, luego de una denuncia técnica del organismo regulador. En las calles de Asunción se registraron intensas manifestaciones y extensas filas frente a sucursales cerradas. Para frenar la escalada del conflicto social, el Ejecutivo promulgó una norma extraordinaria que habilita la devolución inicial de hasta 10 millones de guaraníes (alrededor de 1.675 dólares) por depositante en un plazo de cinco días.