Una profunda crisis financiera y política sacude por completo a Paraguay tras confirmarse el cierre definitivo y el inicio de un proceso de resolución de Ueno Bank por disposición del Banco Central del país vecino. La medida extrema se adoptó luego de detectarse que el índice de solvencia de la entidad se desplomó drásticamente, cayendo por debajo de la mitad del mínimo legal exigido por las normativas vigentes, un colapso que dejó fuera de servicio de manera instantánea las plataformas digitales, las tarjetas de débito y crédito y todas las operaciones presenciales.

Como consecuencia directa de la intervención, miles de ahorristas se quedaron sin acceso a su dinero, desatando escenas de desesperación y filas interminables en las puertas de las distintas sucursales del banco en busca de explicaciones. Entre los damnificados figuran trabajadores en relación de dependencia, jubilados, pequeños comerciantes y beneficiarios de programas de asistencia estatal que percibían sus haberes y prestaciones sociales a través de la infraestructura de la institución financiera.

El cimbronazo financiero escaló de inmediato hacia el plano político, provocando un terremoto institucional en el Gobierno de Santiago Peña. La crisis se cobró el cargo de Carlos Carvallo, quien presentó su renuncia formal a la presidencia del Banco Central a pedido exclusivo del mandatario. Sin embargo, el caso arrastra un trasfondo de extrema sensibilidad institucional y posibles conflictos de interés: Carvallo había ocupado la presidencia de Ueno antes de asumir el control del organismo de contralor, mientras que el propio presidente Santiago Peña reconoció haber sido socio comercial del grupo empresario propietario de la entidad hasta marzo de 2025.



En paralelo al frente político, la Fiscalía General del Estado puso en marcha investigaciones formales e imputaciones penales contra los principales directivos vinculados a la administración del banco. Uno de los flancos más delicados de la pesquisa apunta a la exposición de fondos públicos colocados en la institución, abarcando millonarios recursos pertenecientes al Instituto de Previsión Social (IPS) y a diversas cajas previsionales de sectores estatales que quedaron atrapados en la cesación de pagos.

Ante el creciente malestar social, las autoridades gubernamentales intentaron llevar calma prometiendo honrar la devolución de los depósitos amparados por los mecanismos de contingencia. Desde el Banco Central detallaron que la garantía de cobertura oficial alcanza hasta un tope de 228,3 millones de guaraníes por depositante; sin embargo, los ahorros corporativos o particulares que superan holgadamente ese umbral encendieron alarmas y abrieron un cono de incertidumbre sobre los plazos y porcentajes reales de recuperación.

La gravedad de los acontecimientos inevitablemente evoca en la memoria económica regional los peores momentos del corralito bancario argentino de 2001, caracterizado por la desconfianza generalizada hacia el sistema financiero, las restricciones severas al retiro de efectivo y un impacto directo e inmediato sobre el poder adquisitivo y la tranquilidad de los ciudadanos.