Una profunda controversia sacude al ámbito científico y académico nacional tras confirmarse la exoneración de Virginia Carolina Aparicio, reconocida investigadora especializada en la evaluación de plaguicidas vinculada a la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce del INTA. La medida expulsiva, formalizada mediante la Resolución 366 del organismo estatal, no solo determinó su despido sino que también la inhabilitó formalmente para ejercer cargos en la Administración Pública Nacional, desencadenando un inmediato reclamo institucional y acciones legales en la Justicia Federal.

El origen del conflicto administrativo se remonta al proyecto internacional SPRINT, una investigación multidisciplinaria financiada por el programa Horizonte 2020 de la Unión Europea en la que participaron 11 países, siendo Argentina el único representante fuera del continente europeo. A través de este programa, la científica coordinó relevamientos que permitieron documentar la presencia de más de 200 plaguicidas en muestras ambientales, vegetales, animales y biológicas. En el plano local, el estudio abarcó a 73 voluntarios rurales y urbanos de distritos como Tres Arroyos, Necochea, Balcarce y Mar del Plata, detectando restos de glifosato en la totalidad de las muestras fecales analizadas, así como diversas sustancias en sangre, orina y polvo casero.



Tras la difusión interna de las mediciones, el INTA inició un sumario en su contra en diciembre de 2023 arguyendo presuntas irregularidades administrativas, apartamiento de vías jerárquicas y cuestionamientos a los protocolos. Sin embargo, Aparicio rechazó de manera enfática las acusaciones y enmarcó la sanción en un proceso deliberado de persecución política y censura. "Hice ciencia durante más de 20 años en el Sistema Público Nacional. En democracia no podemos vivir procesos de censura, de persecución, de falta de libertad para investigar", expresó en su descargo público, remarcando que el organismo debe hacerse responsable por la vulneración de los derechos de los participantes que colaboraron voluntariamente.

En el plano judicial, la defensa técnica encabezada por el abogado Mario Bolla confirmó la notificación formal de la exoneración y anunció la presentación de un recurso ante la Justicia Federal de Mar del Plata. La estrategia legal incluirá la solicitud de una medida cautelar de urgencia con el objetivo de resguardar la continuidad laboral de la especialista mientras se tramita la causa de fondo. Bolla denunció anomalías en el proceso administrativo, señalando que la resolución definitiva incorporó argumentos sobre los cuales la defensa no tuvo la oportunidad procesal de responder.

La medida adoptada contra la investigadora generó una ola de repudio e inquietud en diversos sectores. Unidades académicas como la Universidad Nacional de Río Negro e instituciones como CTERA emitieron comunicados exigiendo la inmediata reincorporación de Aparicio, advirtiendo sobre el peligroso antecedente que sienta esta sanción para la libertad de investigación, la comunicación de hallazgos sobre salud ambiental y el futuro de las carreras científicas dentro del Estado argentino.