La quinta Marcha Federal Universitaria realizada este jueves 15 de octubre para exigir mayores recursos para las casas de altos estudios y una actualización salarial para su personal culminó en graves incidentes en el centro de la Ciudad de Buenos Aires. El despliegue de las fuerzas de seguridad incluyó el uso de gases lacrimógenos y camiones hidrantes contra los manifestantes en las inmediaciones del Congreso Nacional, en una jornada que estuvo precedida por la suspensión de la sesión en la Cámara de Diputados donde se iba a debatir la derogación del DNU 70/23, la Emergencia en Discapacidad y la morosidad de las familias.

Desde el inicio de los disturbios, el Gobierno nacional sostuvo una postura firme al atribuir los hechos de violencia a los manifestantes. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, cuestionó con dureza a los sectores opositores y afirmó que se trata de una dirigencia agotada que recurre a la agresión ante la falta de propuestas políticas. En la misma línea, la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, difundió material audiovisual en redes sociales donde se observa a manifestantes agrediendo al personal de seguridad y rompiendo la calzada, y advirtió que el derecho a manifestarse no avala la comisión de delitos ni la violencia urbana, asegurando que los agresores deberán responder ante la Justicia.

Por su parte, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que se vio obligado a suspender su acto central debido a la represión, emitió un enérgico rechazo y se despegó de los hechos de violencia. Desde el organismo aseguraron que la movilización transcurría con normalidad hasta que el Poder Ejecutivo decidió reaccionar con un despliegue represivo que cruzó todos los límites. Asimismo, el CIN recordó que la protesta convocó a decenas de miles de personas en demanda del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, una norma aprobada por el Congreso, respaldada por la Justicia y avalada por un fallo de la Corte Suprema que el Gobierno se niega a aplicar desde hace casi un año, subrayando que el conflicto responde a una falta de voluntad política y no a restricciones presupuestarias.

Los incidentes y la represión policial generaron un inmediato repudio y diversas reacciones en el arco opositor. El jefe del bloque de Unión por la Patria en la Cámara baja, Germán Martínez, cuestionó la legitimidad del operativo al interrogarse sobre la ausencia habitual de conflictos cuando las fuerzas de seguridad no se encuentran desplegadas. A su vez, la diputada del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, calificó de autoritario al accionar gubernamental al señalar que la violencia ejercida desde el Estado vulnera el derecho elemental a la protesta. En sintonía, el diputado nacional Esteban Paulón cuestionó la falta de quórum de los aliados del oficialismo en el recinto para tratar el DNU 70/23 y criticó con dureza que la respuesta estatal ante la demanda de cumplimiento legal haya sido el uso de gases, balas de goma e hidrantes contra la comunidad universitaria.