La discusión por la venta de tierras rurales a extranjeros volvió al centro de la agenda de la Cámara de Diputados. A una semana de la sesión especial convocada por sectores de la oposición para el jueves 15 de octubre, el bloque de La Libertad Avanza (LLA) evalúa presentar una alternativa para volver a establecer límites a la adquisición de tierras por parte de extranjeros.

La estrategia que analiza el oficialismo apunta también a desactivar la sesión impulsada por la oposición, que busca avanzar con el rechazo al DNU 70/2023, la prórroga de la emergencia en discapacidad y medidas vinculadas al endeudamiento familiar. La convocatoria necesita reunir 129 diputados para alcanzar el quórum y abrir el debate.

Según la propuesta que comenzó a tomar forma dentro del oficialismo, una de las posibilidades es incorporar un capítulo específico sobre tierras al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que debe ser tratado por la Cámara baja. Otra alternativa que se encuentra bajo análisis es impulsar una resolución que establezca restricciones para la adquisición de tierras por parte de extranjeros.

La iniciativa es impulsada políticamente por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y busca ofrecer una respuesta a los sectores dialoguistas que reclaman una solución al conflicto generado alrededor de la Ley de Tierras. El oficialismo pretende, de esta manera, evitar que esos bloques acompañen la convocatoria opositora del 15 de octubre.

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El debate se produce luego de la derogación de la Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras, a través del artículo 154 del DNU 70/2023. Esa normativa establecía límites para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. La derogación modificó ese régimen y abrió una discusión política y judicial que ahora volvió a instalarse en el Congreso.

La propuesta que analiza LLA supone un cambio respecto de la iniciativa que había impulsado originalmente el Gobierno en torno a la Ley de Tierras. Aquella propuesta contemplaba eliminar el límite general del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales, quitar el cupo máximo por nacionalidad y modificar restricciones vinculadas con la superficie disponible por región. El capítulo finalmente había quedado fuera del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada durante su tratamiento en el Senado.

Ahora, el oficialismo analiza una nueva alternativa que permita establecer restricciones y, al mismo tiempo, conseguir respaldo de los bloques que no acompañan la estrategia opositora. Entre las propuestas que habían surgido durante el debate legislativo aparece la posibilidad de mantener un límite del 15% para las tierras rurales en manos extranjeras y establecer un máximo del 30% de ese cupo para una misma nacionalidad. También se había planteado que las operaciones sobre tierras ubicadas en zonas de frontera contaran con autorización tanto de la provincia correspondiente como del Poder Ejecutivo Nacional.

La discusión parlamentaria se desarrolla además en paralelo al escenario judicial. La Corte Suprema intervino en los planteos vinculados con la derogación de la Ley de Tierras y convocó a los camaristas Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci como conjueces para intervenir ante un eventual planteo que llegue al máximo tribunal.

En ese contexto, la Asociación Civil Árbol de Pie solicitó que se precise el alcance de una decisión de la Corte respecto de su propia causa. La organización sostiene que su expediente tiene una legitimación diferente a la planteada en otro caso relacionado con el Centro de ExCombatientes Islas Malvinas La Plata (Cecim) y pidió que se determine si la decisión del máximo tribunal produce algún efecto sobre su presentación.

El escenario judicial se suma así a una discusión que volvió a instalarse con fuerza en Diputados. La derogación de la Ley de Tierras quedó vinculada al futuro del DNU 70/2023, mientras que distintos sectores buscan definir si se restablecen límites para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.

En paralelo, el oficialismo intenta evitar que la oposición consiga el quórum necesario para abrir la sesión del 15 de octubre. Para eso, busca ofrecer una alternativa a los bloques dialoguistas y trasladar parte de la discusión a una convocatoria propia.

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La propuesta que se analiza apunta a que los temas de discapacidad y endeudamiento familiar sean tratados el 21 de octubre, seis días después de la sesión solicitada por la oposición. De concretarse ese esquema, el oficialismo buscaría recuperar el control de la agenda legislativa y evitar que el recinto quede dominado por una sesión impulsada por los bloques opositores.

La disputa por la Ley de Tierras quedó así en el centro de una negociación política más amplia. Mientras la oposición busca avanzar con el rechazo del DNU 70/2023 y restablecer las restricciones para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros, el oficialismo analiza una nueva propuesta para limitar esas operaciones y, al mismo tiempo, evitar que la sesión del 15 de octubre consiga el quórum necesario.

Por ahora, la alternativa continúa en etapa de negociación dentro de La Libertad Avanza y con los bloques dialoguistas, en un escenario donde la discusión parlamentaria y los planteos judiciales avanzan en paralelo.