El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el Gobierno nacional llegará este jueves al Senado con cambios de último momento. Luego de retirar el capítulo referido a la extranjerización de tierras por falta de consenso político, el eje de la discusión quedó concentrado en las modificaciones que afectan a propietarios e inquilinos, especialmente en lo relacionado con los desalojos.

La iniciativa propone acelerar los procesos judiciales para recuperar inmuebles ocupados ilegalmente y también establece nuevos procedimientos para los casos de incumplimiento en el pago de alquileres.

Uno de los cambios más relevantes contempla la posibilidad de aplicar desalojos exprés en situaciones de usurpación o cuando existan ocupantes considerados tenedores precarios. Según el texto, un juez podrá ordenar la restitución inmediata del inmueble si considera verosímil el derecho invocado por el propietario y este presenta la documentación que acredita la titularidad.

En esos casos, la devolución del inmueble podría concretarse en un plazo de hasta 72 horas, siempre que el propietario lo solicite y acompañe la prueba correspondiente.

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El proyecto también incorpora modificaciones para los contratos de alquiler cuando el inquilino deja de pagar.

La propuesta establece que el propietario deberá intimar previamente al locatario mediante carta documento o correo electrónico, otorgándole un plazo mínimo de diez días corridos para regularizar la deuda. La notificación deberá indicar además el lugar donde debe efectuarse el pago.

Si vencido ese plazo el incumplimiento continúa, el dueño del inmueble podrá iniciar el proceso judicial de desalojo, que, de aprobarse la reforma, podría ejecutarse en un plazo de diez días hábiles.

El texto también contempla situaciones de vulnerabilidad. Cuando en el inmueble residan menores de edad o personas en condición de desamparo, el juez deberá dar intervención a los organismos de protección correspondientes y al Ministerio Público Tutelar para gestionar una solución habitacional transitoria. Esa intervención no podrá extenderse por más de diez días y no suspenderá el avance del proceso judicial.

Las modificaciones generaron una fuerte reacción de organizaciones que representan a los inquilinos.

Desde la Federación de Inquilinos Nacional advirtieron que la reforma podría dejar en una situación de mayor vulnerabilidad a quienes alquilan de manera informal, especialmente en aquellos casos donde no existen contratos escritos o comprobantes de pago.

Su presidente, Gervasio Muñoz, sostuvo que muchas familias podrían enfrentar dificultades para acreditar la relación locativa si surge un conflicto judicial, ya que una parte importante del mercado de alquileres funciona sin la documentación correspondiente.

Mientras tanto, el Gobierno sostiene que la reforma busca fortalecer el derecho de propiedad y agilizar procesos que actualmente pueden extenderse durante meses o incluso años.

La sesión está prevista para este jueves desde las 14 y el oficialismo intentará reunir los votos necesarios para avanzar con un proyecto que, pese a la eliminación del capítulo sobre tierras rurales, continúa generando un fuerte debate entre el Ejecutivo, la oposición y las organizaciones sociales.