El Gobierno nacional modificó uno de los puntos más cuestionados del proyecto de Ley de Tierras a pocos días de su tratamiento en el Senado. La decisión llegó luego de que el oficialismo detectara dificultades para reunir los votos necesarios y tras semanas de negociaciones con sectores de la oposición dialoguista, que reclamaban mantener algún tipo de límite a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.

La nueva versión del texto, que será presentada por la presidenta del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, establece un tope del 25% para la extranjerización de tierras a nivel provincial, una modificación respecto del proyecto original, que eliminaba por completo las restricciones vigentes.

Actualmente, la legislación nacional fija un límite del 15% para la propiedad de tierras rurales en manos extranjeras y ese porcentaje se aplica de manera simultánea a nivel nacional, provincial y municipal.

El cambio representa una concesión del Ejecutivo frente a las críticas recibidas desde distintos bloques políticos y organizaciones sociales, que advertían que la eliminación total de los límites podía facilitar una mayor concentración de tierras estratégicas en manos de particulares extranjeros.

Sin embargo, la nueva redacción también generó cuestionamientos. Al establecer el límite únicamente sobre el total de tierras de cada provincia, quedarían sin restricciones los porcentajes correspondientes a municipios y comunas, una situación que, según sectores opositores, podría permitir que determinadas localidades alcancen niveles mucho más elevados de extranjerización.

Uno de los casos que volvió a instalar el debate es el de Puerto Libertad, en Misiones, ubicado a pocos kilómetros de las Cataratas del Iguazú. Allí, una empresa chilena posee alrededor de 62.000 hectáreas, equivalentes al 82% de las tierras rurales del municipio. Según trascendió, desde hace dos años el gobierno local intenta adquirir una pequeña fracción para desarrollar un parque industrial, aunque la operación no logró concretarse porque las decisiones dependen del directorio de la firma radicado en Chile.

Además del nuevo límite provincial, el oficialismo incorporó otro cambio al proyecto. Las compras de tierras realizadas por empresas con participación de Estados extranjeros deberán contar con un sistema de doble autorización, que incluirá tanto el aval del Gobierno nacional como el de la provincia donde se ubique el inmueble.

Pese a estas modificaciones, el escenario parlamentario continúa abierto. El peronismo anunció que concentrará su estrategia en impedir la aprobación del capítulo referido a la extranjerización de tierras y mantiene conversaciones con senadores de bloques provinciales, radicales y otros espacios dialoguistas para intentar reunir los votos necesarios.

En paralelo, organizaciones sindicales, sociales, campesinas, indígenas y ambientales convocaron a una movilización frente al Congreso durante la jornada en que se debatirá la iniciativa, con el objetivo de presionar a los legisladores que aún no definieron su postura.

Dentro del interbloque de Unión por la Patria consideran que todavía existen posibilidades de bloquear ese apartado del proyecto si logran reunir 37 votos en contra, una cifra que dependerá especialmente de la posición que adopten representantes de la UCR, bloques provinciales y legisladores de Misiones.

Para La Libertad Avanza, en cambio, la incorporación del límite provincial busca recuperar parte del respaldo perdido y garantizar el acompañamiento de sectores aliados, principalmente del PRO, parte del radicalismo y fuerzas provinciales.

El debate también tendrá un componente político adicional. Durante la sesión prevista para este jueves, el presidente Javier Milei se encontrará de viaje oficial, por lo que el Poder Ejecutivo quedará transitoriamente a cargo de la vicepresidenta Victoria Villarruel.

En caso de producirse un empate en la votación, quien tendría la responsabilidad de definir el resultado sería el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, una posibilidad que el oficialismo observa como un eventual respaldo para destrabar uno de los capítulos más controvertidos del paquete legislativo.