El Gobierno argentino anunció nuevas acciones judiciales y diplomáticas vinculadas con las Islas Malvinas, luego de denunciar operaciones aéreas entre el archipiélago y la ciudad chilena de Punta Arenas y de avanzar con un procedimiento de arbitraje internacional por el proyecto hidrocarburífero Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte.

Según informó oficialmente el Gobierno, fueron detectadas operaciones realizadas por la empresa británica THALES UK LIMITED en la ruta aérea entre las Islas Malvinas y Punta Arenas, mediante una aeronave con matrícula del Reino Unido. La administración argentina sostuvo que esos vuelos se realizaron sin autorización de las autoridades argentinas y ordenó iniciar procedimientos sancionatorios y denuncias penales contra la compañía.

El Ejecutivo también instruyó a los organismos correspondientes a realizar las gestiones diplomáticas relacionadas con esas operaciones. De acuerdo con la información oficial, los vuelos estuvieron vinculados con el traslado de integrantes de una delegación empresarial británica que participó de actividades comerciales en Punta Arenas.

El episodio se produjo en paralelo con un nuevo capítulo de la disputa por las actividades hidrocarburíferas en la zona de las Islas Malvinas. El Gobierno argentino intimó al Reino Unido a suspender, en un plazo de dos semanas, las actividades de exploración y explotación relacionadas con el proyecto Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte.

La administración nacional anunció además el inicio del procedimiento de arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). Según la posición expresada por el Gobierno, el objetivo es avanzar por la vía internacional contra las actividades hidrocarburíferas que considera incompatibles con los derechos argentinos sobre la zona.

El presidente Javier Milei instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos del Estado a iniciar ese procedimiento. El Gobierno advirtió que, si el Reino Unido no cumple con el requerimiento dentro del plazo establecido, Argentina solicitará al Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) las medidas provisionales que considere necesarias para preservar sus derechos soberanos sobre la plataforma continental.

El proyecto Sea Lion es desarrollado por las compañías Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum. La iniciativa contempla la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte y constituye uno de los principales puntos de conflicto entre Argentina y el Reino Unido en relación con los recursos naturales de la zona.

La cuestión también tiene una dimensión judicial dentro de la Argentina. La jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, dictó una medida cautelar que ordenó a las empresas involucradas abstenerse de continuar con determinadas obras vinculadas al proyecto, según la información aportada en el marco del caso.

El Gobierno argentino sostiene su posición sobre la cuestión Malvinas en las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas que reconocen la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido. En su comunicado, la administración nacional volvió a rechazar la denominación británica de las islas como “Territorio Británico de Ultramar” y sostuvo que el referéndum realizado en 2013 no modificó la existencia de la controversia de soberanía.

En las últimas semanas, la Cancillería también había cuestionado iniciativas británicas destinadas a promover actividades comerciales e hidrocarburíferas en las islas. El 15 de septiembre, el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino había rechazado una guía del Gobierno británico denominada “Haciendo negocios con las Islas Malvinas” y señalado que profundizaría las medidas destinadas a impedir, según su postura, la explotación de recursos en la zona.

El nuevo conflicto se extendió además al vínculo con Chile debido a las operaciones aéreas denunciadas por Argentina. La realización de vuelos entre Malvinas y Punta Arenas coincidió con actividades empresariales orientadas a fortalecer los vínculos comerciales entre el archipiélago y el sur chileno. El Gobierno argentino interpretó esas operaciones como parte de un intento de establecer una ruta comercial entre ambos puntos.

La empresa señalada por el Ejecutivo es THALES UK LIMITED. La denuncia oficial se refiere específicamente a las operaciones realizadas con una aeronave de matrícula británica y a la falta de autorización de las autoridades argentinas, según la versión difundida por el Gobierno.

En paralelo, el Reino Unido mantiene su posición sobre la soberanía de las islas y sobre el derecho de sus habitantes a la autodeterminación. La disputa entre ambos países continúa abierta desde hace décadas y comprende tanto la cuestión territorial como las actividades económicas y la explotación de recursos naturales en las áreas circundantes.

Con las nuevas medidas anunciadas, Argentina abrió dos vías de actuación en forma simultánea: por un lado, procedimientos sancionatorios, denuncias penales y gestiones diplomáticas por los vuelos entre Malvinas y Punta Arenas; por otro, el procedimiento de arbitraje internacional destinado a cuestionar las actividades hidrocarburíferas vinculadas con Sea Lion.

El Gobierno fijó así un plazo de dos semanas para que el Reino Unido suspenda las actividades que cuestiona en la Cuenca Malvinas Norte. Si no obtiene la respuesta esperada, anticipó que recurrirá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar para solicitar medidas provisionales.