La discusión sobre el futuro de la regulación de las tierras rurales en Argentina comenzó a escalar antes de llegar al recinto del Senado. Este lunes, organizaciones sindicales, sociales, ambientales, campesinas e indígenas se movilizaron frente al Congreso nacional para expresar su rechazo al proyecto de ley denominado "Inviolabilidad de la Propiedad Privada", impulsado por el Gobierno de Javier Milei y que propone modificar uno de los principales límites establecidos para la adquisición de tierras por parte de extranjeros.

La protesta reunió a referentes de distintos sectores bajo las consignas "Argentina no se vende" y "La soberanía no se negocia", en una manifestación que buscó visibilizar la preocupación por los cambios que plantea la iniciativa oficial.

El proyecto comenzará a ser debatido este jueves 6 de agosto en el Senado. Si obtiene media sanción, continuará su recorrido legislativo en la Cámara de Diputados.

El punto que concentra la mayor controversia es la modificación del régimen vigente para la compra de tierras rurales por parte de ciudadanos y empresas extranjeras.

Actualmente existe un límite nacional que establece que los inmuebles rurales en manos de extranjeros no pueden superar el 15% del territorio. La iniciativa del Ejecutivo propone eliminar ese tope nacional y trasladar la potestad de regular esa cuestión a cada provincia.

Para el Gobierno, la modificación apunta a fortalecer el derecho de propiedad y ampliar las posibilidades de inversión. Sin embargo, las organizaciones que participaron de la movilización consideran que la reforma podría generar escenarios muy diferentes según cada jurisdicción.

Advierten que aquellas provincias que no sancionen una legislación específica quedarían sin restricciones propias para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros privados.

Ese es uno de los principales argumentos esgrimidos por quienes rechazan el proyecto.

Durante la concentración participaron representantes de la CGT, las dos CTA, movimientos campesinos, organizaciones ambientales, comunidades indígenas y agrupaciones sociales provenientes de distintas provincias.

Los manifestantes reclamaron mantener un marco regulatorio de alcance nacional que establezca criterios comunes para todo el país y sostuvieron que la regulación de la propiedad rural no debería quedar librada exclusivamente a decisiones provinciales.

Además, señalaron que la tierra constituye un recurso estratégico vinculado a la producción de alimentos, el acceso al agua, los recursos naturales y la soberanía territorial.

En ese contexto, uno de los datos más mencionados durante la protesta surgió de un relevamiento elaborado por el Observatorio de Tierras de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el CONICET.

Según ese informe, actualmente más de 13 millones de hectáreas se encuentran en manos extranjeras, una superficie que representa cerca del 5% del territorio nacional.

Los sectores que rechazan la reforma sostienen que, si desaparece el límite nacional, esa proporción podría incrementarse en aquellas provincias que decidan no establecer nuevas restricciones.

Desde el oficialismo, en cambio, defienden la iniciativa bajo el argumento de que cada distrito debe tener autonomía para definir sus propias reglas sobre el uso y la comercialización de la tierra, en función de sus necesidades productivas y económicas.

La discusión promete convertirse en uno de los debates más relevantes de las próximas semanas dentro del Congreso.

No solo porque involucra cuestiones vinculadas al régimen de propiedad privada, sino también porque vuelve a poner sobre la mesa el alcance de las facultades provinciales, la administración de los recursos naturales y el modelo de desarrollo que deberá adoptar el país en materia de inversiones rurales.

Con posiciones claramente enfrentadas, el Senado será el primer escenario donde comenzará a definirse el futuro de una reforma que ya genera un fuerte impacto político y social incluso antes de iniciar su tratamiento parlamentario.