Una decisión judicial reavivó el debate sobre el uso de la tecnología en la lucha contra el delito en Santa Fe. El Gobierno provincial cuestionó con dureza a la jueza de Menores María Dolores Aguirre Guarrochena, luego de que declarara nulo un allanamiento realizado por la Policía de Investigaciones (PDI) mediante la modalidad de flagrancia virtual, utilizada para esclarecer una balacera ocurrida en Rosario.

El procedimiento había sido realizado tras un ataque armado registrado durante la madrugada del 19 de junio en la zona sur de la ciudad. Según la investigación, dos personas que se desplazaban en bicicleta salieron de una vivienda ubicada en España al 7000, dispararon contra un domicilio de Entre Ríos al 6200 y regresaron al mismo lugar pocos minutos después.

A partir del análisis de las imágenes obtenidas por las cámaras de videovigilancia y procesadas mediante el sistema de inteligencia artificial Lince, la PDI logró reconstruir el recorrido de los sospechosos en apenas 12 horas. Con esa información solicitó y ejecutó un allanamiento bajo la figura de flagrancia virtual, donde fue detenido un adolescente de 17 años que quedó a disposición de la Justicia de Menores.

Sin embargo, la magistrada declaró inválido el procedimiento, lo que generó una inmediata respuesta del Ejecutivo santafesino.



La vocera del Gobierno provincial, Virginia Coudannes, sostuvo que la utilización de esta herramienta está prevista dentro del Código Procesal Penal y defendió el trabajo realizado por los investigadores.

"El gobernador Maximiliano Pullaro sostiene que el que las hace, las paga. Todas las herramientas que incorporamos tienen como objetivo recuperar la paz para los santafesinos mediante el combate al delito", afirmó.

La funcionaria explicó que la flagrancia virtual permite actuar cuando un delito puede reconstruirse de manera inmediata gracias al análisis tecnológico de imágenes y otros elementos de prueba.

"El trabajo de investigación llevó apenas 12 horas. Pudimos identificar a los implicados y detenerlos después de una balacera que pudo haber terminado con una persona asesinada", remarcó.

En ese sentido, cuestionó la decisión de la jueza y planteó dudas sobre los fundamentos de la resolución.

"No sabemos si la jueza desconoce esta herramienta o decidió omitirla en su sentencia. Ese mismo sujeto mañana podría matar a alguien", sostuvo.

Desde la Casa Gris remarcaron que la Provincia viene realizando una fuerte inversión en materia de seguridad, incorporando tecnología, nuevos patrulleros, equipamiento y sistemas de inteligencia artificial para mejorar la capacidad operativa de las fuerzas policiales.

Para Coudannes, la resolución judicial contradice esa estrategia.

"Hay un gobernador que invierte millones en tecnología, patrulleros y en fortalecer la capacidad operativa e investigativa de las fuerzas de seguridad, mientras una jueza, desde una mirada garantista, desconoce un procedimiento previsto en un protocolo vigente", señaló.

La vocera fue todavía más contundente al referirse a las consecuencias que, según entiende el Gobierno, pueden derivarse de este tipo de fallos.

"Si los delincuentes son tan buenos, que se los lleven a sus casas", expresó.

Finalmente, sostuvo que la decisión judicial pone en discusión herramientas legales que forman parte del nuevo esquema de seguridad impulsado por la Provincia para enfrentar delitos complejos y fortalecer la prevención.