La Justicia investiga a agentes de la Policía de Acción Táctica acusados de haber armado un procedimiento falso, torturar a una víctima y luego adulterar documentación oficial para encubrir lo ocurrido. Uno de los detenidos ya había sido condenado por hechos similares.

Una investigación judicial que comenzó con la denuncia de un hombre gravemente herido terminó destapando un presunto entramado de violencia policial, falsificación de procedimientos y apremios ilegales que derivó en la detención de nueve efectivos de la Policía de Acción Táctica de Rosario.

Los agentes están acusados de haber participado en un operativo realizado en mayo de 2024 en la zona norte de Rosario, donde un hombre fue detenido y posteriormente sufrió quemaduras de extrema gravedad. Según la denuncia de la víctima y las pruebas reunidas por la Fiscalía, los policías habrían intentado incriminarlo con una mochila que no le pertenecía y, durante el procedimiento, lo habrían rociado con alcohol para luego prenderlo fuego.

La causa está a cargo del fiscal Pablo Socca, quien sostiene que la versión oficial presentada en aquel momento fue construida para encubrir lo sucedido y otorgar apariencia legal a un procedimiento irregular.

Una historia que comenzó con un acta policial y terminó en una investigación por tentativa de homicidio

El hecho ocurrió el 27 de mayo de 2024.

Según el relato presentado entonces por los efectivos, cuatro hombres habían intentado escapar de un control policial y uno de ellos ingresó a una vivienda llevando una mochila con droga. La versión indicaba que el sospechoso intentó incendiar la mochila dentro de un baño y terminó envuelto en llamas accidentalmente.

Esa explicación fue incorporada al expediente y sirvió para justificar el secuestro de estupefacientes y la detención de varias personas.

Sin embargo, con el paso de los meses comenzaron a aparecer elementos que pusieron en duda toda la reconstrucción policial.

La víctima, un hombre de 42 años que permaneció internado en terapia intensiva y debió ser sometido a una traqueotomía por la gravedad de las lesiones, declaró posteriormente ante la Unidad de Asuntos Internos.

Debido a que no podía hablar, tuvo que realizar su testimonio por escrito.

Allí sostuvo que había sido interceptado en la vía pública por una camioneta policial, subido por la fuerza y trasladado a una vivienda cercana donde comenzó una brutal agresión.

Según su relato, los efectivos intentaban obligarlo a asumir la propiedad de una mochila. Como se negó, comenzaron a golpearlo, lo rociaron con alcohol y utilizaron un encendedor para intimidarlo hasta que finalmente lograron prenderlo fuego.

La investigación sostiene que luego los agentes construyeron una versión completamente distinta para justificar las heridas y presentar el procedimiento como legítimo.

Un policía ya condenado vuelve a quedar en el centro de la escena

Entre los detenidos aparece un nombre que ya figuraba en otra causa de alto impacto.

Se trata del suboficial Jesús Balais, quien actualmente cumple una condena de siete años de prisión por integrar una organización policial que realizaba allanamientos ilegales, robaba droga y dinero y sometía a las víctimas a torturas para obtener información.

Aquella investigación federal reveló una serie de prácticas violentas que, según los fiscales, formaban parte del funcionamiento habitual del grupo.

Durante el proceso judicial se incorporaron mensajes, audios y conversaciones extraídas de teléfonos celulares donde los propios policías relataban agresiones físicas, amenazas y tormentos aplicados durante procedimientos.

La aparición de Balais en esta nueva causa fortaleció las sospechas de los investigadores sobre la existencia de metodologías repetidas dentro de determinados sectores policiales.

Acusaciones gravísimas y una investigación que sigue creciendo

Además de Balais, fueron detenidos David Zeballos, Omar Cabral, Juan José González, Maximiliano Ortiz, Maximiliano Cuevas, Isaías Basualdo, Estela Berón y María Eugenia Núñez.

Todos podrían enfrentar imputaciones por delitos de extrema gravedad.

Entre las calificaciones analizadas por la Fiscalía aparecen tentativa de homicidio agravado por alevosía, ensañamiento y abuso de función pública, falsedad ideológica de instrumento público, amenazas coactivas, encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La causa busca determinar no sólo quiénes participaron directamente de la agresión, sino también quiénes colaboraron en la elaboración de documentos oficiales que habrían servido para encubrir el episodio.

Un caso que vuelve a poner bajo la lupa la violencia institucional

La investigación reabrió el debate sobre los mecanismos de control interno dentro de las fuerzas de seguridad y sobre las denuncias de violencia institucional que periódicamente aparecen en distintos puntos del país.

Para los investigadores, el expediente expone algo más profundo que un hecho aislado: la posible existencia de prácticas sistemáticas orientadas a fabricar procedimientos, obtener resultados mediante la fuerza y luego encubrir los excesos a través de documentación oficial.

Mientras avanzan las medidas judiciales y se preparan las audiencias imputativas, el caso promete convertirse en uno de los expedientes más sensibles de los últimos años dentro de la estructura policial santafesina.