La iniciativa será tratada este martes en sesión y propone terrenos municipales con financiación, beneficios para construir y restricciones para evitar la especulación inmobiliaria.

El acceso a un terreno propio y la posibilidad de construir una vivienda comenzarán a debatirse formalmente este martes por la noche en Roldán. Durante la sesión del Concejo Municipal ingresará un proyecto de ordenanza que busca crear un “Programa Municipal de Acceso al Suelo Urbano”, una herramienta orientada a facilitar el acceso a lotes municipales destinados exclusivamente a vivienda única y familiar.

La iniciativa fue presentada por los concejales Carlos Alustiza, Mariel Reijember, Marcelo Cristiani y Carina Ziraldo, y propone un esquema de adjudicación con criterios sociales, financiamiento accesible y controles para evitar fines especulativos.

El proyecto apunta principalmente a vecinos de Roldán que acrediten residencia efectiva mínima de diez años en la ciudad, ingresos formales y que no posean otra propiedad dentro del territorio nacional.

Uno de los puntos centrales establece que el municipio podrá ofrecer terrenos con valores inferiores al mercado inmobiliario. Según el texto presentado, el precio de adjudicación podría tener reducciones de hasta un 60% respecto de las cotizaciones promedio relevadas por inmobiliarias locales, contemplando el carácter social del programa.

Además, se prevé un esquema de pago financiado. Los adjudicatarios deberán entregar un anticipo mínimo equivalente al 20% del valor del lote y luego podrán cancelar el saldo en hasta 18 cuotas mensuales ajustadas por índice salarial.

La iniciativa también contempla beneficios vinculados al inicio de la construcción. Entre ellos, la posibilidad de diferir el pago de derechos de edificación hasta que la vivienda alcance condiciones de habitabilidad y ocupación efectiva, buscando aliviar los costos iniciales de quienes comiencen a construir.

El proyecto incorpora además restricciones estrictas para evitar la especulación inmobiliaria. Los terrenos adjudicados no podrán venderse, alquilarse, transferirse ni destinarse a otros fines durante el plazo que determine la reglamentación municipal.

También se establece que las viviendas deberán comenzar a construirse dentro de los dos años posteriores a la adjudicación y alcanzar condiciones de ocupación efectiva dentro de un plazo máximo de cinco años.

La propuesta incluye un sistema de puntajes y priorización basado en situaciones sociales y habitacionales. Tendrán consideración especial familias monoparentales, personas con discapacidad, menores a cargo, adultos mayores convivientes y casos de vulnerabilidad acreditada.

Otro punto destacado es que funcionarios políticos, concejales, integrantes del Ejecutivo municipal y sus parejas quedarán excluidos del programa, incluso hasta dos años después de dejar sus cargos.

En paralelo, el proyecto habilita al municipio a celebrar convenios con bancos, mutuales, cooperativas y entidades intermedias para facilitar acceso a financiamiento, materiales de construcción y asistencia técnica.

Además, parte de los fondos recaudados deberán destinarse obligatoriamente a infraestructura y compra de nuevos terrenos para conformar un banco de tierras municipal que permita sostener futuros programas habitacionales.

La iniciativa comenzará a discutirse formalmente este martes por la noche en el Concejo Municipal y podría derivar posteriormente en su tratamiento en comisión para profundizar el análisis técnico, urbanístico y financiero del proyecto.