La investigación por el crimen ocurrido dentro de una escuela santafesina se expandió hacia Tartagal tras detectar conexiones virtuales del adolescente acusado con grupos que difundían violencia extrema.

La causa judicial por el ataque ocurrido días atrás en una institución educativa de San Cristóbal sumó un nuevo capítulo este fin de semana luego de que la Justicia ordenara allanamientos en la ciudad salteña de Tartagal. La investigación busca determinar posibles vínculos digitales del adolescente de 15 años acusado de asesinar a un compañero y herir a otros estudiantes dentro del establecimiento escolar.

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Los procedimientos fueron coordinados por el Ministerio Público Fiscal de Salta y encabezados por el fiscal Pablo Cabot, luego de que los investigadores detectaran actividad del joven en distintas comunidades virtuales donde se compartían discursos violentos, mensajes de odio y contenido relacionado con ataques escolares.

Durante los operativos, personal policial secuestró computadoras, teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos considerados de interés para la causa. El objetivo central es reconstruir las conexiones digitales del acusado y establecer si existían contactos con otros adolescentes o grupos organizados en plataformas virtuales.

De acuerdo con las primeras pericias realizadas sobre el material incautado, los datos obtenidos hasta el momento aparecen vinculados exclusivamente al expediente que se tramita en la provincia de Santa Fe. Por esa razón, las autoridades descartaron inicialmente la existencia de amenazas concretas o planes de ataque relacionados con Tartagal o localidades cercanas.

Sin embargo, la investigación continúa abierta y bajo estricta reserva judicial debido a que involucra a menores de edad. La Justicia intenta determinar el alcance de las interacciones digitales y el posible rol de espacios virtuales donde se promueven conductas violentas entre adolescentes.

En paralelo a los allanamientos, organismos provinciales de niñez y familia comenzaron a intervenir para asistir y contener a los menores detectados durante las actuaciones judiciales. También se dispuso custodia policial preventiva en uno de los domicilios allanados mientras avanzan las medidas procesales.

Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que próximamente se realizará una audiencia ante el Juzgado de Menores correspondiente, donde participarán familiares de los adolescentes involucrados junto a representantes de la Asesoría de Incapaces.

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El caso generó fuerte conmoción tanto en Santa Fe como en Salta debido a la gravedad del ataque ocurrido dentro del ámbito escolar y por el creciente interés de la Justicia en el impacto de determinadas comunidades digitales sobre adolescentes.

Los investigadores consideran clave profundizar el análisis sobre el funcionamiento de estos grupos virtuales, especialmente aquellos donde circulan contenidos relacionados con violencia extrema, hostigamiento o exaltación de ataques escolares registrados en distintos países.

La cooperación entre fiscalías provinciales y fuerzas de seguridad aparece ahora como uno de los puntos centrales de la investigación. El intercambio de información digital y el rastreo de comunicaciones podrían resultar determinantes para establecer si el acusado actuó de manera aislada o si existieron influencias externas que alimentaron el episodio.

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Mientras tanto, el expediente continúa avanzando bajo reserva y con múltiples medidas en curso para esclarecer el contexto completo detrás de uno de los hechos escolares más impactantes registrados recientemente en el país.