La Cámara de Diputados de Salta aprobó este martes una reforma del Código Contravencional que establece sanciones para los padres de alumnos involucrados en casos de bullying escolar. La normativa contempla multas económicas y hasta 30 días de arresto para aquellos adultos que no colaboren con las medidas destinadas a frenar estas situaciones.

La iniciativa introduce un cambio de enfoque en la forma de abordar el acoso escolar: ya no se limita únicamente al ámbito educativo, sino que incorpora de manera directa la responsabilidad de las familias en la prevención y resolución de los conflictos.

Según se explicó durante el debate legislativo, la sanción no apunta a aplicar castigos de manera automática, sino a garantizar la participación activa de los adultos responsables cuando las instituciones educativas detectan situaciones de violencia entre estudiantes.

En ese sentido, la diputada Socorro Villamayor aclaró que el arresto es una instancia extrema y que la prioridad es lograr que los tutores se involucren. La normativa prevé un esquema progresivo de medidas que puede incluir comparecencias ante la Justicia, tareas comunitarias o asistencia a tratamientos psicológicos.

El texto aprobado establece que, ante una denuncia o notificación formal por parte de la escuela, los padres deberán presentarse ante un juez y cumplir con las disposiciones que se dicten para abordar el caso. Solo en situaciones de incumplimiento reiterado se avanzaría con sanciones más severas.

La reforma se enmarca en una creciente preocupación por el aumento de episodios de violencia en entornos escolares. Durante la discusión parlamentaria, varios legisladores coincidieron en la necesidad de actualizar las herramientas legales para dar respuesta a conflictos que, en algunos casos, escalan a situaciones graves.

El proyecto había sido impulsado originalmente por la senadora Bettina Navarro y fue modificado durante su tratamiento en Diputados antes de obtener la aprobación definitiva. Ahora, el texto fue remitido al Poder Ejecutivo provincial para su promulgación.

Uno de los ejes centrales de la iniciativa es evitar que las advertencias de las escuelas queden sin respuesta. Según se planteó en el recinto, existen situaciones en las que los adultos no intervienen pese a las notificaciones, lo que dificulta la contención de los conflictos y la protección de los estudiantes.

El debate también estuvo atravesado por casos recientes que reavivaron la discusión a nivel nacional. Entre ellos, se mencionó el ataque ocurrido en la Escuela Nº 40 de San Cristóbal, donde un adolescente armado mató a un compañero de 13 años.

Ese episodio, que continúa bajo investigación, fue utilizado como referencia para exponer los riesgos de no intervenir a tiempo ante situaciones de violencia o aislamiento en el ámbito escolar. Legisladores remarcaron la necesidad de fortalecer la prevención y el acompañamiento desde el entorno familiar.

En paralelo, la normativa busca consolidar un esquema de corresponsabilidad entre el sistema educativo y las familias. La intención es que las medidas no recaigan exclusivamente en las instituciones, sino que exista una articulación más directa con los adultos responsables.

La aprobación de la ley abre ahora una nueva etapa en la gestión de los conflictos escolares en Salta, donde la aplicación concreta de estas herramientas será clave para evaluar su impacto en la prevención del bullying.