En una nueva audiencia del proceso judicial por el hundimiento del ARA San Juan, exjefes de la Armada Argentina imputados en la causa se presentaron ante el tribunal y rechazaron los cargos que se les atribuyen por la tragedia ocurrida en noviembre de 2017.

Durante la audiencia, los marinos retirados sostuvieron que actuaron conforme a los protocolos vigentes y que no tuvieron una participación directa en las decisiones operativas que precedieron al siniestro. Según trascendió, las defensas centraron sus exposiciones en la estructura de mando de la fuerza y en las condiciones en las que operaba la flota en aquellos años.

El ARA San Juan perdió contacto el 15 de noviembre de 2017 mientras realizaba una misión en el Atlántico Sur. A bordo viajaban 44 tripulantes, cuyo fallecimiento fue confirmado tras el hallazgo del submarino un año después.

Las defensas apuntaron a la situación estructural de la flota

En su exposición ante el tribunal, los imputados indicaron que muchas decisiones operativas se tomaban en un contexto marcado por limitaciones presupuestarias y tecnológicas dentro de las Fuerzas Armadas.

Según esa línea argumental, la flota atravesaba restricciones que condicionaban la operatividad de las unidades, lo que habría influido en el funcionamiento general del sistema de defensa durante los años previos al incidente.

Las defensas también remarcaron que los acusados no participaron de manera directa en las decisiones específicas que antecedieron a la última misión del submarino.

La querella cuestionó las declaraciones

La respuesta de la querella, que representa a gran parte de los familiares de los tripulantes, fue inmediata. Los representantes legales cuestionaron con dureza las exposiciones de los imputados y señalaron que las declaraciones reiteraron versiones que, según sostienen, ya fueron refutadas en otras instancias del proceso.

Los abogados de las familias afirmaron que durante la audiencia “volvieron las mentiras a las familias” y denunciaron presuntas presiones dentro de la Armada Argentina para unificar discursos y minimizar responsabilidades.

Desde el inicio de la causa, los familiares de los 44 tripulantes reclaman una investigación que no se limite a la estructura militar sino que también alcance a las autoridades políticas que estaban a cargo del sistema de defensa al momento de la tragedia.

Reclamos por el estado del submarino

Entre los principales planteos de la querella figura el estado operativo del submarino. Según sostienen, la nave —incorporada a la flota argentina a mediados de la década de 1980— no se encontraba en condiciones óptimas para realizar la misión en la que desapareció.

El contacto con el ARA San Juan se perdió el 15 de noviembre de 2017 durante una travesía en el Atlántico Sur. Tras una extensa búsqueda internacional, el submarino fue localizado en noviembre de 2018 a unos 900 metros de profundidad, frente a la costa patagónica.

Informes técnicos elaborados por especialistas internacionales indicaron que el episodio registrado minutos después de la última comunicación fue compatible con una implosión súbita de la nave.

Un proceso clave para determinar responsabilidades

El juicio busca determinar si existieron negligencias, omisiones o decisiones incorrectas antes y después de la desaparición del submarino. También se investigan posibles irregularidades en los reportes técnicos y en la respuesta institucional tras la pérdida de contacto.

Organismos vinculados al ámbito de la defensa consideran que la causa se transformó en un caso relevante para analizar el estado del sistema militar argentino, la gestión del material bélico y los mecanismos de control dentro de las Fuerzas Armadas.

Más allá de las eventuales responsabilidades penales individuales, el proceso también podría tener implicancias en materia de políticas de mantenimiento de unidades navales y condiciones de trabajo del personal militar.

Mientras tanto, los familiares de los tripulantes reiteran que su principal objetivo es que se esclarezcan todas las circunstancias de la tragedia y que el caso permita evitar que un hecho similar vuelva a ocurrir.