Once agentes del Comando Radioeléctrico y de la Brigada Motorizada de Rosario fueron imputados este jueves por su participación en la protesta policial realizada días atrás frente a la Jefatura de la Unidad Regional II. La audiencia se llevó a cabo en el Centro de Justicia Penal y estuvo a cargo de los fiscales Pablo Socca y José Luis Caterina, de la Unidad Especializada en Corrupción Funcional y Violencia Institucional.

Los uniformados fueron acusados por el presunto delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Según la investigación del Ministerio Público de la Acusación (MPA), habrían dejado de cumplir con tareas operativas mientras participaban de la manifestación, en el marco del conflicto salarial que mantenían con el Gobierno provincial.

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Qué se investiga

De acuerdo a la imputación, los efectivos se encontraban afectados a funciones de prevención y patrullaje cuando se plegaron a la protesta frente a la sede policial. Para la Fiscalía, esa conducta podría encuadrar en un abandono de funciones incompatible con el régimen especial que regula la actividad policial.

La causa se inició a partir de una denuncia presentada por la propia cúpula policial de la región, que informó formalmente al MPA sobre la participación de los agentes en la protesta. A partir de esa comunicación se abrió la investigación en la órbita de la Unidad de Corrupción Funcional y Violencia Institucional.

Durante la audiencia, los once policías permanecieron en libertad y no se dispusieron medidas cautelares restrictivas. La Fiscalía avanzará ahora con la recolección de pruebas, que incluye análisis de registros audiovisuales de la manifestación, planillas de servicio y declaraciones testimoniales.

Regresan al servicio, pero sigue la causa

En paralelo al proceso judicial, el Ministerio de Seguridad de Santa Fe resolvió dejar sin efecto los pases a disponibilidad que pesaban sobre los efectivos y autorizó su reincorporación a las tareas habituales.

La medida administrativa se adoptó luego de que el conflicto salarial comenzara a encauzarse entre el Gobierno provincial y las fuerzas de seguridad. Desde la cartera de Seguridad aclararon que la decisión no interfiere con el avance del expediente penal, que continuará su trámite en el ámbito del MPA.

De este modo, los agentes vuelven a prestar servicio mientras enfrentan la investigación judicial. En caso de avanzar la acusación, podrían derivarse responsabilidades penales y también eventuales sanciones administrativas.

El trasfondo del conflicto

La protesta frente a la Jefatura fue uno de los puntos más visibles del reclamo salarial impulsado por sectores de la policía santafesina. Durante esos días se registró una disminución de patrullajes y operativos preventivos, situación que generó preocupación en distintos ámbitos institucionales.

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El caso vuelve a poner en discusión los límites de la protesta dentro de fuerzas de seguridad, que se rigen por un estatuto particular y por la obligación de garantizar un servicio considerado esencial.

En las próximas semanas, la Fiscalía deberá definir si solicita nuevas audiencias o medidas procesales y si la causa avanza hacia una instancia de juicio. El expediente abre un frente judicial paralelo al cierre del conflicto salarial y mantiene bajo análisis el accionar de los agentes durante la manifestación.