Tras el conflicto policial, los ministros Pablo Cococcioni y Pablo Olivares anunciaron medidas para normalizar el servicio y asegurar que ningún agente quede por debajo de la canasta básica.

El Gobierno de Santa Fe informó este miércoles la finalización de las medidas preventivas adoptadas en el marco del conflicto policial y anunció un nuevo esquema salarial para el personal de seguridad. La decisión fue comunicada por los ministros de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y de Economía, Pablo Olivares, quienes detallaron acciones orientadas a restablecer plenamente el servicio y atender reclamos vinculados a ingresos y condiciones laborales.

Según explicó Cococcioni, la protesta no afectó la prestación del servicio en la provincia. Afirmó que la operatividad se mantuvo estable y que en Rosario —bajo la órbita de la Unidad Regional II— el nivel de funcionamiento rondó el 90 %, con atención de todas las incidencias y sin episodios graves asociados a la situación interna.

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Levantamiento de la disponibilidad

Durante la exposición, el ministro confirmó que la Provincia dejó sin efecto el pase preventivo a disponibilidad que había alcanzado a un grupo de agentes. Esa medida, señaló, tuvo como objetivo ordenar el marco institucional mientras se restablecía el diálogo con representantes de la fuerza.

Con la instancia de negociación abierta, el Ejecutivo solicitó el retorno inmediato al servicio ordinario. Los agentes notificados deberán presentarse en sus dependencias, retomar su equipamiento y reincorporarse a las tareas habituales.

Cococcioni remarcó que el Gobierno considera legítimos varios de los planteos formulados por el personal y sostuvo que la intención es reconstruir el vínculo con la fuerza, en un contexto atravesado por años de alta exigencia operativa.

El contexto del reclamo

El conflicto expuso tensiones acumuladas en torno a la carga horaria, la estructura salarial y el desgaste profesional. Desde la cartera de Seguridad se reconoció que existe un nivel de agotamiento en parte del personal, vinculado al volumen de trabajo y a la complejidad de las intervenciones en los últimos años.

En ese marco, el ministro mencionó programas de acompañamiento implementados recientemente, entre ellos refuerzos en salud mental, mejoras económicas y beneficios logísticos vinculados a transporte y alojamiento.

Un nuevo piso salarial

Por su parte, el ministro de Economía, Pablo Olivares, anunció una medida que impactará directamente en los ingresos del personal policial y penitenciario. Según detalló, todo agente del escalafón general que cumpla jornadas de 48 horas semanales o más tendrá garantizado un salario no inferior al valor de la canasta básica para un hogar tipo, según la medición mensual del Indec.

La decisión implica una reasignación de recursos provinciales con foco en los rangos subalternos, donde se registran los ingresos más bajos dentro de la estructura. El objetivo es establecer un piso salarial mínimo y avanzar luego en un esquema que contemple diferencias jerárquicas.

Olivares explicó que la medida busca reconocer la dedicación horaria y la responsabilidad asociada a la función policial, al tiempo que introduce un criterio objetivo de referencia para los ingresos.

Normalización del servicio

Desde el Ejecutivo señalaron que la prioridad inmediata es consolidar la normalidad operativa en toda la provincia. Con el levantamiento de la disponibilidad y el anuncio del piso salarial, el Gobierno apunta a cerrar el capítulo del conflicto y encauzar los reclamos dentro de canales institucionales.

Las próximas semanas serán clave para evaluar el impacto de las medidas anunciadas y la respuesta interna de la fuerza, en un escenario donde la estabilidad del servicio de seguridad aparece como eje central de la agenda provincial.