Los colegios privados ya no necesitarán autorización del Estado para fijar ni actualizar el valor de sus cuotas. El Gobierno nacional derogó una norma que regulaba el sistema de aranceles desde hace más de tres décadas, otorgando a las instituciones de enseñanza privada la facultad de determinar libremente los montos de matrícula, reinscripción y cuotas mensuales.

La medida fue formalizada a través del Decreto 787/2025, que elimina el Decreto 2417/1993, base normativa que regía la relación entre el Estado y los establecimientos de educación pública de gestión privada. Con esta decisión, el Ejecutivo elimina el requisito de informar o solicitar autorización ante el Ministerio de Educación —actualmente bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano— para modificar aranceles o aplicar cuotas extraordinarias.

Según el texto oficial, la regulación previa “presentaba limitaciones y requerimientos que dificultaban la adaptación de los institutos de enseñanza privada a las realidades educativas y económicas del país”. El Gobierno argumentó que la intervención estatal “generó efectos contraproducentes que afectaron el funcionamiento y la viabilidad económica” de los colegios, al impedirles ajustar sus precios según los costos y la inflación.

Fin de una regulación histórica

Desde 1993, las escuelas privadas estaban obligadas a informar antes del 31 de octubre de cada año el valor de la matrícula, la cantidad de cuotas, los plazos de pago y las condiciones de mora correspondientes al ciclo lectivo siguiente. Además, debían comunicar los mismos datos a la Superintendencia Nacional de Enseñanza Privada y a la Secretaría de Comercio, y requerir autorización estatal para cualquier aumento o cuota especial.

La derogación de este esquema implica que, a partir de ahora, las instituciones podrán fijar y modificar libremente sus aranceles, sin obligación de notificar ni al Estado ni a las familias de los alumnos. Esto incluye tanto los colegios subsidiados como los que funcionan de manera completamente privada.

En los fundamentos del decreto, el Ejecutivo sostuvo que el sistema anterior “creaba incertidumbre económica” para las instituciones, ya que debían prever aumentos futuros y fijar cuotas más altas “por temor a enfrentar costos que no pudieran ser cubiertos sin aprobación estatal”.

El Gobierno consideró, además, que la regulación de precios “constriñe el derecho de propiedad de los establecimientos educativos”, que como entidades privadas “deberían tener libertad para fijar sus condiciones de contratación y los salarios de sus empleados sin autorización estatal”.

Argumentos oficiales y alcance

El ministro de Desregulación de la Nación, Federico Sturzenegger, celebró la decisión y sostuvo que la medida “pone fin a los aumentos exorbitantes de marzo”, mes en el que históricamente los colegios aplicaban fuertes subas anuales tras la aprobación del Estado.

“Con esta derogación, se habilitan ajustes graduales y realistas, alineados con la evolución de la economía, sin saltos bruscos ni sobrecargos preventivos”, afirmó Sturzenegger. “Esto permite estabilizar el gasto de las familias en educación y favorece un entorno más libre, equilibrado y sustentable para las instituciones privadas”.

Actualmente, según datos oficiales, los establecimientos de gestión privada representan cerca del 6% del total de colegios del país. El esquema que ahora se aplicará en los niveles inicial, primario y secundario es similar al que ya rige para las universidades e institutos privados, donde no existe regulación estatal sobre los aranceles.

Reacciones y posibles efectos

Si bien la medida fue presentada como un paso hacia la “libertad educativa”, también abre interrogantes sobre su impacto en las familias. En la práctica, los colegios podrán modificar los precios en cualquier momento del año, sin necesidad de comunicarlo previamente.

El decreto no establece límites a los incrementos ni mecanismos de control sobre los valores cobrados. Tampoco prevé obligaciones de transparencia o de rendición de cuentas respecto de la estructura de costos.

El cambio se enmarca en la política de desregulación económica impulsada por el Gobierno nacional, que ya eliminó controles en sectores como el transporte, los servicios profesionales y la obra social obligatoria.

Con esta medida, la educación privada pasa a regirse plenamente por la lógica del mercado, en un contexto económico de alta inflación y salarios en caída, lo que podría alterar el equilibrio entre oferta educativa y capacidad de pago de las familias.