El hijo del empresario Lázaro Báez, junto a otros cinco ex funcionarios públicos y ejecutivos de empresas constructoras, fue condenado este jueves en un juicio abreviado sustanciado en el marco de la causa conocida como Vialidad II. El expediente representa el segundo tramo de la investigación por corrupción en la obra pública vial que ya cuenta con condenas en primera instancia contra la ex presidenta Cristina Kirchner. En esta oportunidad, los seis acusados optaron por admitir su culpabilidad por el delito de defraudación por administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública.

Como resultado del acuerdo alcanzado entre las defensas, los fiscales y la querella de la Unidad de Información Financiera (UIF), los imputados recibieron penas de cumplimiento efectivo que oscilan entre los dos años y seis meses y los tres años de prisión. En los casos particulares de Martín Antonio Báez y Julio Enrique Mendoza, las nuevas sanciones fueron unificadas con condenas previas dictadas por el delito de lavado de activos agravado, elevando sus acumuladas a siete años y nueve meses y a cinco años y nueve meses de prisión, respectivamente, las cuales cumplirán bajo el régimen de arresto domiciliario en atención a su edad.

La sentencia fue dictada por el juez Andrés Fabián Basso, integrante del Tribunal Oral Federal (TOF) N° 2. Para fundamentar su resolución, el magistrado respaldó los argumentos en el fallo emitido en el primer tramo del juicio de Vialidad, al señalar que «los hechos aquí juzgados son los mismos que constituyeron el objeto del debate oral y público celebrado en el primer tramo de esta causa». En aquella instancia judicial quedó acreditada «con certeza la existencia de la maniobra defraudatoria perpetrada en perjuicio de la administración pública mediante la obra pública vial adjudicada en la provincia de Santa Cruz entre los años 2003 y 2015».

A diferencia del expediente principal, este segundo tramo procesal focalizó su atención en la responsabilidad penal de funcionarios de segunda y tercera línea pertenecientes a la Dirección Nacional de Vialidad y a la delegación de la provincia de Santa Cruz, así como en directivos y empresarios estrechamente vinculados a las firmas comerciales de Lázaro Báez que se beneficiaron con la adjudicación irregular de contratos estatales. En su resolución, el magistrado encuadró como coautores de la maniobra a los ex funcionarios viales Carlos Joaquín Alonso, Jorge Eduardo Gregorutti y Sergio Hernán Passacantando, determinando que «reunían la posición de administradores de los intereses pecuniarios afectados y quebrantaron los deberes que esa posición les imponía».

Paralelamente, la resolución judicial catalogó como partícipes necesarios a Martín Báez, Fernando Javier Butti y Julio Enrique Mendoza, quienes ejercieron altos cargos gerenciales y directivos en las sociedades anónimas Austral Construcciones, Kank y Costilla y Loscalzo y Del Curto. El fallo determinó que estas personas «prestaron desde las empresas constructoras una cooperación sin la cual la maniobra no habría podido llevarse a cabo, a través de la presentación de ofertas, la suscripción de los contratos y su ejecución». Como medida patrimonial complementaria, el juez dispuso un decomiso de bienes valuado en $684.990.350.139,86, monto que deberá ajustarse y actualizarse al momento de formalizarse su ejecución definitiva.

Al fundamentar el alcance de la investigación, los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola calificaron los hechos investigados como «un delito de extrema gravedad», al argumentar que en el seno del Estado «se creó un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública». Con este nuevo pronunciamiento judicial, la Justicia avanza en la consolidación de las responsabilidades accesorias y empresariales que rodearon al entramado de adjudicaciones viales en la Patagonia durante más de una década.