La defensa de Cristina Fernández de Kirchner presentó ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas un planteo para revisar la condena dictada contra la ex presidenta en la causa Vialidad y cuestionar la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La presentación fue realizada por los abogados Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego y busca que el organismo internacional analice el caso durante su próximo período de sesiones. La condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua quedó firme luego de que la Corte Suprema rechazara el recurso extraordinario de la defensa.

El equipo jurídico procura que el Comité examine los planteos formulados respecto del proceso judicial y, en particular, que intervenga sobre las consecuencias de la sentencia en materia de derechos políticos. Según explicó Valim, la intención es que el caso pueda ser examinado durante la sesión prevista para octubre. El abogado sostuvo que una eventual intervención del organismo podría generar posteriormente una instancia de análisis en el Poder Judicial argentino.

La presentación incorpora además nuevos elementos con los que la defensa busca cuestionar uno de los fundamentos de la sentencia de Vialidad. Entre ellos figura un informe técnico elaborado por la consultora Specs sobre la distribución de partidas de la Dirección Nacional de Vialidad luego del decreto 54/2009.

Según la interpretación de los abogados, ese análisis indica que las empresas vinculadas al Grupo Austral, perteneciente a Lázaro Báez, recibieron el 0,85% de los fondos considerados en ese análisis, mientras que IECSA S.A. aparece como la principal beneficiaria. La defensa sostiene que ese dato contradice la interpretación realizada en la sentencia sobre la finalidad del decreto y la asignación de fondos. Los abogados ya habían presentado públicamente este argumento como parte de la nueva evidencia con la que buscan impulsar una revisión de la condena.

Beraldi cuestionó específicamente el razonamiento utilizado por el Tribunal Oral Federal N° 2 y sostuvo que la condena había centrado parte de su fundamentación en esos fondos. Desde la defensa afirmaron que el porcentaje asignado a empresas vinculadas a Báez demuestra, según su interpretación, que una de las premisas utilizadas en la sentencia no sería correcta.

El planteo de los abogados también apunta a que el Comité de Derechos Humanos analice las garantías que, según sostienen, fueron afectadas durante el proceso judicial. La presentación internacional se suma a las distintas acciones que la defensa viene impulsando para intentar modificar las consecuencias de la sentencia.

Frente a esos argumentos, fuentes judiciales citadas por Infobae señalaron que la cuestión sobre la distribución de fondos no sería novedosa y que habría sido analizada y descartada en distintas instancias del proceso. También marcaron una diferencia entre el análisis presentado por la defensa y el objeto específico del juicio oral: mientras el informe mencionado toma datos presupuestarios nacionales, el proceso de Vialidad examinó la asignación de obra pública en la provincia de Santa Cruz y las licitaciones adjudicadas a empresas vinculadas a Báez.

La defensa, por su parte, sostiene que el nuevo análisis debe ser considerado como un elemento relevante para revisar la sentencia y plantea que podría habilitar una nueva evaluación judicial del caso. Los abogados también evalúan una eventual vía de revisión ante la Justicia argentina si no obtienen una respuesta sobre sus pedidos en el ámbito internacional.

La presentación ante el Comité de Derechos Humanos se produce después de que se agotaran las instancias ordinarias de apelación en Argentina. La condena contra Cristina Kirchner por la causa Vialidad quedó firme con la decisión de la Corte Suprema de Justicia de junio de 2025. Actualmente, la ex presidenta cumple la pena bajo la modalidad de prisión domiciliaria.

En paralelo al planteo jurídico, el dirigente Máximo Kirchner vinculó la estrategia ante los organismos internacionales con la posibilidad de que Cristina Kirchner vuelva a participar de una elección. El diputado sostuvo que la ex presidenta mantiene, según su interpretación, una voluntad de representar a un sector del electorado y afirmó que, sin Cristina Kirchner en una boleta, el peronismo perdería competitividad. Esas expresiones corresponden a una valoración política del dirigente y no constituyen una definición del Comité de Derechos Humanos ni de la Justicia.

El próximo paso de la estrategia será la evaluación que pueda realizar el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre la presentación y los elementos incorporados por la defensa. El equipo jurídico busca que el planteo sea considerado durante el período de sesiones de octubre, mientras que cualquier eventual decisión posterior deberá seguir los procedimientos correspondientes del organismo internacional.