Una investigación por microtráfico permitió reconstruir, según la Fiscalía, un presunto circuito de venta de estupefacientes dentro de la Unidad Penitenciaria N° 11 de Piñero. La pesquisa derivó en la imputación de cuatro personas, entre ellas dos internos del penal, acusados de organizar la distribución de droga entre otros presos y establecer un mecanismo para reclamar los pagos a familiares.

La investigación se inició a partir de denuncias realizadas por familiares de personas alojadas en la cárcel. Según la acusación, algunas personas recibían reclamos de dinero por drogas que sus allegados habían consumido dentro del establecimiento penitenciario.

A partir de esos testimonios, la Fiscalía comenzó a reconstruir el presunto funcionamiento del circuito y ubicó su actividad, de acuerdo con la imputación, entre abril de 2026 y el 12 de septiembre pasado.

Los acusados son Ezequiel Rodolfo “Colo” Romero, Axel Ignacio Herrera, Natalia G. y Yamila R. La fiscal Brenda Debiasi les atribuyó el delito de comercio de estupefacientes agravado por haber actuado de manera organizada con tres o más personas y por desarrollarse la actividad dentro de un lugar de detención.

Según la hipótesis fiscal, Romero habría ocupado un lugar central en la organización. Sería quien conseguía los estupefacientes, determinaba los lugares donde debían ser retirados y establecía los montos que debían abonarse.

La acusación sostiene que luego le habría dado instrucciones a Natalia G., su pareja, para que ingresara la droga al penal y se encargara de acondicionarla para su posterior comercialización entre los internos.

Una de las particularidades señaladas por los investigadores está relacionada con el ingreso de los estupefacientes a la cárcel. Según la Fiscalía, el grupo habría utilizado a mujeres embarazadas para introducir la droga al establecimiento, debido a que quedaban exceptuadas de los controles mediante escáner previstos para el ingreso de visitas.

La maniobra, siempre de acuerdo con la acusación, no se habría limitado al traslado y distribución de la droga. Natalia G. también habría intervenido en la recepción de pagos y en los reclamos dirigidos a familiares cuando quedaban deudas pendientes por los consumos realizados dentro del penal.

Herrera, por su parte, habría participado junto con Romero en el ingreso de los estupefacientes. La Fiscalía también sostiene que habría utilizado a su propia madre para cobrar parte del dinero correspondiente a las deudas generadas por la venta.

En cuanto a Yamila R., aparece señalada como la persona que presuntamente tenía a su cargo el resguardo y la distribución de la droga entre otras integrantes del entramado.

La investigación también avanzó sobre domicilios que estarían vinculados con los acusados. En una vivienda ubicada en Cafferata al 3900 fueron secuestrados 153 gramos de marihuana, una balanza de precisión y dinero en efectivo.

En otro allanamiento realizado en el domicilio de Natalia G., ubicado en barrio Godoy, los investigadores encontraron marihuana, otra balanza de precisión y anotaciones que, según la acusación, estarían relacionadas con la actividad de venta.

Con esos elementos, la Fiscalía sostuvo que el circuito habría tenido una organización previa y roles diferenciados entre quienes conseguían la droga, quienes se encargaban de introducirla al penal, quienes la distribuían y quienes intervenían en los cobros.

Durante las audiencias judiciales, la jueza María de los Ángeles Granato dispuso la prisión preventiva para Romero, Herrera y Natalia G. En el caso de Yamila R., en cambio, se resolvió su libertad bajo medidas alternativas.

La causa continúa bajo investigación y las conductas atribuidas a los cuatro acusados forman parte de la hipótesis presentada por la Fiscalía durante las imputaciones. La eventual responsabilidad penal deberá determinarse en las distintas instancias del proceso judicial.