RECLAMOS
UNIVERSIDADES DE TODO EL PAÍS PARAN EN RECLAMO POR SALARIOS Y FINANCIAMIENTO
10 de agosto de 2026 18:09
Las universidades de todo el país atraviesan una jornada de paro de 24 horas convocada por los gremios docentes y no docentes, que reclaman la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial frente a la inflación.
La medida alcanza las actividades académicas y administrativas de las instituciones de educación superior. En Rosario, el gremio de trabajadores no docentes Apur confirmó su adhesión, por lo que la protesta tendrá impacto tanto en las cursadas como en distintos servicios que funcionan en las facultades.
El reclamo sindical se concentra en la situación presupuestaria de las universidades y en la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores del sector. Desde las federaciones sostienen que los recursos actuales no resultan suficientes para sostener el funcionamiento de las instituciones y que los salarios quedaron muy por debajo de la evolución del costo de vida.
La aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario constituye uno de los principales pedidos de los gremios. Las organizaciones consideran que contar con mayores recursos resulta necesario para garantizar el funcionamiento de las universidades y sostener sus actividades.
El otro eje de la protesta es salarial. Docentes y no docentes reclaman una recomposición frente al impacto de la inflación y sostienen que los ingresos del sector se encuentran por debajo de los niveles necesarios para afrontar los gastos cotidianos.
La adhesión del personal no docente implica además que el impacto del paro no se limite a las clases. Durante la jornada pueden verse afectados trámites, atención administrativa y otros servicios habituales de las facultades.
Desde el Gobierno nacional cuestionaron la medida y la calificaron como “prematura”. Funcionarios nacionales sostienen que se cumplieron los compromisos asumidos en las paritarias con los distintos gremios universitarios.
La posición oficial también plantea que el diálogo con las organizaciones sindicales continúa abierto y que se desarrollan reuniones técnicas para analizar las partidas presupuestarias y las escalas salariales.
Para los gremios, sin embargo, esas instancias no produjeron avances suficientes para resolver los reclamos. Por ese motivo se decidió avanzar con la medida de fuerza nacional.
El paro vuelve a poner en el centro de la discusión el financiamiento de la educación superior pública y la situación salarial de quienes trabajan en las universidades.
La jornada se desarrolla mientras estudiantes y familias deben reorganizar sus actividades ante la suspensión de clases y las posibles modificaciones en el funcionamiento habitual de las facultades.
El conflicto queda así abierto entre los gremios, que reclaman mayores recursos y una recomposición de los salarios, y el Gobierno nacional, que sostiene que los acuerdos paritarios fueron cumplidos y que las conversaciones continúan.
En Rosario, la adhesión de Apur suma al reclamo nacional el impacto sobre el funcionamiento administrativo de las facultades, mientras las organizaciones sindicales mantienen el pedido de respuestas concretas sobre el financiamiento universitario y los ingresos de docentes y no docentes.
La medida alcanza las actividades académicas y administrativas de las instituciones de educación superior. En Rosario, el gremio de trabajadores no docentes Apur confirmó su adhesión, por lo que la protesta tendrá impacto tanto en las cursadas como en distintos servicios que funcionan en las facultades.
El reclamo sindical se concentra en la situación presupuestaria de las universidades y en la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores del sector. Desde las federaciones sostienen que los recursos actuales no resultan suficientes para sostener el funcionamiento de las instituciones y que los salarios quedaron muy por debajo de la evolución del costo de vida.
La aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario constituye uno de los principales pedidos de los gremios. Las organizaciones consideran que contar con mayores recursos resulta necesario para garantizar el funcionamiento de las universidades y sostener sus actividades.
El otro eje de la protesta es salarial. Docentes y no docentes reclaman una recomposición frente al impacto de la inflación y sostienen que los ingresos del sector se encuentran por debajo de los niveles necesarios para afrontar los gastos cotidianos.
La adhesión del personal no docente implica además que el impacto del paro no se limite a las clases. Durante la jornada pueden verse afectados trámites, atención administrativa y otros servicios habituales de las facultades.
Desde el Gobierno nacional cuestionaron la medida y la calificaron como “prematura”. Funcionarios nacionales sostienen que se cumplieron los compromisos asumidos en las paritarias con los distintos gremios universitarios.
La posición oficial también plantea que el diálogo con las organizaciones sindicales continúa abierto y que se desarrollan reuniones técnicas para analizar las partidas presupuestarias y las escalas salariales.
Para los gremios, sin embargo, esas instancias no produjeron avances suficientes para resolver los reclamos. Por ese motivo se decidió avanzar con la medida de fuerza nacional.
El paro vuelve a poner en el centro de la discusión el financiamiento de la educación superior pública y la situación salarial de quienes trabajan en las universidades.
La jornada se desarrolla mientras estudiantes y familias deben reorganizar sus actividades ante la suspensión de clases y las posibles modificaciones en el funcionamiento habitual de las facultades.
El conflicto queda así abierto entre los gremios, que reclaman mayores recursos y una recomposición de los salarios, y el Gobierno nacional, que sostiene que los acuerdos paritarios fueron cumplidos y que las conversaciones continúan.
En Rosario, la adhesión de Apur suma al reclamo nacional el impacto sobre el funcionamiento administrativo de las facultades, mientras las organizaciones sindicales mantienen el pedido de respuestas concretas sobre el financiamiento universitario y los ingresos de docentes y no docentes.
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