Al cumplirse 9 años del hundimiento del submarino ARA San Juan, una tragedia que provocó la muerte de sus 44 tripulantes en aguas del Atlántico Sur, la querella mayoritaria difundió un enérgico comunicado para exigir justicia y cuestionar severamente el resultado del juicio oral celebrado este año en Río Gallegos. El pronunciamiento, encabezado por las abogadas Valeria Carreras y Lorena Arias bajo la consigna «Ellos cumplieron con su deber. Esperamos que los jueces cumplan con el suyo», apuntó directamente contra el fallo dictado el pasado 8 de julio por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Cruz, donde solo hubo un condenado y 3 exjefes navales resultaron absueltos.

Las representantes legales de los familiares consideraron exigua la pena de 3 años de prisión en suspenso e inhabilitación especial impuesta al excapitán de navío Claudio Javier Villamide, excomandante de la Fuerza de Submarinos, quien fue encontrado culpable de incumplimiento de los deberes de funcionario público y estrago culposo agravado. En el mismo veredicto, los magistrados Mario Reynaldi, Enrique Baronetto y Luis Alberto Giménez resolvieron absolver a Luis Enrique López Mazzeo, Héctor Aníbal Alonso y Hugo Miguel Correa. Frente a este desenlace, la querella confirmó que la apelación presentada ante la Cámara Federal de Casación Penal continúa en trámite con el objetivo de revertir las absoluciones y agravar la sanción recibida por Villamide, la cual «no guarda relación con la gravedad de 44 vidas perdidas».

En el documento difundido este domingo 15 de noviembre, las letradas remarcaron que el debate oral dejó plenamente acreditado que el siniestro no respondió a una fatalidad climática ni a fallas humanas de los marinos. «No fue un accidente. No fue “la tormenta perfecta”. No fue culpa de la tripulación. Era evitable», afirmaron con contundencia, al tiempo que denunciaron: «Al ARA San Juan lo mandaron a navegar en malas condiciones». En esa misma línea, señalaron la existencia de responsabilidades institucionales directas al sostener que «hubo decisiones, hubo una cadena de mando y hubo una responsabilidad del Estado, que envió a 44 personas al mar en un buque que no estaba en condiciones».

Más allá de la revisión penal por el naufragio, el comunicado recordó que sigue pendiente de resolución ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la presentación realizada contra los sobreseimientos dictados en la causa paralela por espionaje ilegal. «Las familias no solo perdieron a sus seres queridos: también fueron espiadas mientras reclamaban justicia», subrayaron en alusión a las tareas de inteligencia ilegal desplegadas sobre los allegados durante sus protestas públicas. Hacia el cierre del texto, Carreras y Arias reiteraron su exigencia ante los tribunales superiores: «Los 44 tripulantes cumplieron con su deber. Deseamos que los jueces cumplan con el suyo. Queremos justicia».