La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al exfuncionario nacional Manuel Adorni registró un nuevo avance tras la incorporación de un informe técnico que puso bajo análisis la evolución de su patrimonio y el de su esposa, Bettina Angeletti.

El documento fue elaborado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAFI) y ya se encuentra en poder del fiscal federal Germán Pollicita, quien analiza los próximos pasos de la causa.

De acuerdo con el informe, el relevamiento detectó presuntas inconsistencias en la evolución patrimonial de la pareja, observaciones que ahora serán evaluadas por la fiscalía antes de definir nuevas medidas de prueba.

El análisis comprendió el período iniciado en diciembre de 2023, cuando Adorni asumió funciones dentro del Gobierno nacional, y abarcó un amplio conjunto de datos económicos y financieros.

Entre los elementos examinados figuran las declaraciones juradas patrimoniales, los ingresos declarados, bienes registrales, inversiones, gastos, deudas, movimientos bancarios y operaciones vinculadas con criptoactivos.

Además, los especialistas compararon esa información con registros fiscales y patrimoniales incorporados al expediente con el objetivo de reconstruir la evolución económica de ambos durante el período investigado.

Según trascendió, el informe no establece montos concretos ni formula conclusiones definitivas sobre la existencia de un delito. Sin embargo, sí señala inconsistencias que ahora deberán ser analizadas por el Ministerio Público Fiscal para determinar si corresponde profundizar la investigación.

A partir de esas observaciones, el fiscal Pollicita estudia la posibilidad de requerir formalmente que Manuel Adorni explique el origen de determinados bienes y movimientos financieros detectados durante el relevamiento.

En caso de concretarse ese pedido, el exfuncionario podría ser convocado en las próximas semanas para presentar documentación o brindar las explicaciones que considere pertinentes respecto de la evolución de su patrimonio.

Posteriormente, la fiscalía evaluará si esas justificaciones resultan suficientes o si corresponde avanzar con nuevas medidas dentro del expediente.

Entre las alternativas previstas por el proceso judicial figura la posibilidad de solicitar una declaración indagatoria. No obstante, esa instancia no depende exclusivamente del fiscal, ya que cualquier convocatoria de ese tipo deberá contar con la autorización del juez federal Ariel Lijo, quien tiene a su cargo la causa.

Por el momento, la investigación continúa en etapa de recolección y análisis de pruebas. La incorporación del informe elaborado por la DAFI constituye uno de los elementos técnicos más recientes dentro del expediente y será determinante para definir los próximos pasos del proceso judicial.

Mientras tanto, la fiscalía continúa revisando la documentación reunida y evaluando las medidas que considera necesarias para avanzar en el esclarecimiento de los hechos que se investigan.