BASURAL
CLAUSURARON UN BASURAL CLANDESTINO EN FUNES TRAS UNA INVESTIGACIÓN JUDICIAL
04 de julio de 2026 10:21
Un basural clandestino que funcionaba a cielo abierto en la ciudad de Funes fue clausurado de manera definitiva por orden judicial, poniendo fin a una investigación que comenzó en 2025 luego de que el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe detectara que el predio operaba sin autorización para la disposición de residuos.
La resolución fue dictada a fines de junio por el Tribunal Unipersonal del Colegio de Jueces Penales de Primera Instancia del Distrito Judicial Nº 2 y alcanza al predio ubicado a la vera de la Ruta Provincial N.º 34-S. Además de disponer la clausura definitiva, la Justicia ordenó que los cuerpos de Bomberos de Rosario y/o Funes extingan los focos ígneos existentes y encomendó a la Municipalidad de Funes el cierre de los dos accesos al lugar para impedir que continúe siendo utilizado.
La investigación fue impulsada de manera conjunta por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático y el Ministerio Público de la Acusación (MPA). Todo comenzó durante distintas inspecciones realizadas en 2025, cuando los técnicos provinciales detectaron irregularidades e intimaron en reiteradas oportunidades a los responsables del predio para que cesaran la actividad.
Según informaron desde la cartera ambiental, las intimaciones nunca fueron cumplidas. Ante esa situación, en marzo de este año el Ministerio presentó una denuncia penal que dio origen a la intervención judicial. A partir de esa presentación se realizaron allanamientos con la participación de la Policía de Investigaciones (PDI) y del Organismo de Investigaciones del MPA.
Como resultado de esas actuaciones, dos hombres vinculados con la administración del predio fueron imputados. Durante los procedimientos también se constató la existencia de distintos tipos de residuos acumulados de manera irregular, además de excavaciones y otros indicios de una actividad desarrollada al margen de la normativa ambiental vigente.
Sin embargo, los antecedentes del lugar son aún más antiguos. De acuerdo con registros oficiales, desde 2019 la entonces Secretaría de Ambiente ya había constatado la disposición final no autorizada de residuos en ese predio. También se detectó el ingreso de camiones volcadores pertenecientes tanto a la Municipalidad de Funes como a operadores privados, además de la quema clandestina de residuos y el movimiento de maquinaria sin las autorizaciones correspondientes.
El ministro de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, Enrique Estévez, sostuvo que "desde nuestra área nunca se autorizó la disposición de ningún tipo de residuos en el lugar" y remarcó que la utilización que se le daba al predio era incompatible con el destino declarado. Además, advirtió que este tipo de basurales representan un importante impacto ambiental y un riesgo para la salud pública, por lo que consideró fundamental fortalecer los mecanismos de control y fiscalización.
La operación clandestina de residuos se encuentra alcanzada por la Ley Provincial Nº 11.717, que regula la protección del ambiente en Santa Fe y establece sanciones para este tipo de actividades.
Con la clausura definitiva ya ordenada, la Justicia busca impedir que el predio vuelva a funcionar, mientras avanzan las medidas dispuestas para extinguir los incendios, bloquear los accesos y evitar nuevos vuelcos ilegales de residuos.
La resolución fue dictada a fines de junio por el Tribunal Unipersonal del Colegio de Jueces Penales de Primera Instancia del Distrito Judicial Nº 2 y alcanza al predio ubicado a la vera de la Ruta Provincial N.º 34-S. Además de disponer la clausura definitiva, la Justicia ordenó que los cuerpos de Bomberos de Rosario y/o Funes extingan los focos ígneos existentes y encomendó a la Municipalidad de Funes el cierre de los dos accesos al lugar para impedir que continúe siendo utilizado.
La investigación fue impulsada de manera conjunta por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático y el Ministerio Público de la Acusación (MPA). Todo comenzó durante distintas inspecciones realizadas en 2025, cuando los técnicos provinciales detectaron irregularidades e intimaron en reiteradas oportunidades a los responsables del predio para que cesaran la actividad.
Según informaron desde la cartera ambiental, las intimaciones nunca fueron cumplidas. Ante esa situación, en marzo de este año el Ministerio presentó una denuncia penal que dio origen a la intervención judicial. A partir de esa presentación se realizaron allanamientos con la participación de la Policía de Investigaciones (PDI) y del Organismo de Investigaciones del MPA.
Como resultado de esas actuaciones, dos hombres vinculados con la administración del predio fueron imputados. Durante los procedimientos también se constató la existencia de distintos tipos de residuos acumulados de manera irregular, además de excavaciones y otros indicios de una actividad desarrollada al margen de la normativa ambiental vigente.
Sin embargo, los antecedentes del lugar son aún más antiguos. De acuerdo con registros oficiales, desde 2019 la entonces Secretaría de Ambiente ya había constatado la disposición final no autorizada de residuos en ese predio. También se detectó el ingreso de camiones volcadores pertenecientes tanto a la Municipalidad de Funes como a operadores privados, además de la quema clandestina de residuos y el movimiento de maquinaria sin las autorizaciones correspondientes.
El ministro de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, Enrique Estévez, sostuvo que "desde nuestra área nunca se autorizó la disposición de ningún tipo de residuos en el lugar" y remarcó que la utilización que se le daba al predio era incompatible con el destino declarado. Además, advirtió que este tipo de basurales representan un importante impacto ambiental y un riesgo para la salud pública, por lo que consideró fundamental fortalecer los mecanismos de control y fiscalización.
La operación clandestina de residuos se encuentra alcanzada por la Ley Provincial Nº 11.717, que regula la protección del ambiente en Santa Fe y establece sanciones para este tipo de actividades.
Con la clausura definitiva ya ordenada, la Justicia busca impedir que el predio vuelva a funcionar, mientras avanzan las medidas dispuestas para extinguir los incendios, bloquear los accesos y evitar nuevos vuelcos ilegales de residuos.
LA REGIÓN+ NOTICIAS