El Gobierno nacional ofreció avanzar en la reparación de rutas nacionales en Santa Fe si la provincia accede a frenar el juicio por la millonaria deuda previsional. La propuesta fue confirmada por el ministro de Obras Públicas santafesino, Lisandro Enrico, quien advirtió que esta condición pone a la provincia ante una disyuntiva entre el reclamo judicial legítimo y la necesidad urgente de mejoras en la infraestructura vial.

La situación cobra mayor gravedad en el contexto del inicio de la temporada de cosecha gruesa, cuando miles de camiones cargados con granos circulan diariamente hacia los puertos del Gran Rosario. La falta de mantenimiento en las principales rutas nacionales que atraviesan Santa Fe no solo genera problemas de tránsito, sino que también incrementa el riesgo de siniestros viales, ralentiza el transporte de la producción y encarece los costos logísticos.

En este escenario, Enrico denunció que el Gobierno de Javier Milei propuso condicionar las obras a un acuerdo judicial que detenga temporalmente el reclamo de la provincia ante la Corte Suprema por la deuda en materia previsional. Se trata de fondos que Santa Fe reclama por haberes jubilatorios no compensados desde hace años.

“La Nación nos plantea que si desistimos del juicio, podríamos firmar un acuerdo para que comiencen las reparaciones”, explicó el funcionario. Además, remarcó que las rutas nacionales en el territorio santafesino son responsabilidad del Estado federal, y que la provincia se encuentra prácticamente sola ante el deterioro creciente de las trazas.

Desde el Ministerio de Obras Públicas se informó que no hay respuestas concretas ni cronogramas oficiales por parte de Vialidad Nacional. “Cada vez que vamos a Buenos Aires nos dicen lo mismo: que no tienen fondos, que no lo van a hacer, que pasemos las rutas a la provincia o que no pueden”, sostuvo Enrico, en relación a los contactos mantenidos con funcionarios nacionales.

Uno de los principales puntos críticos señalados por el gobierno santafesino es la Ruta Nacional 11, un corredor clave para el transporte del norte provincial que presenta baches, banquinas inestables y tramos prácticamente intransitables. La situación se repite en otras trazas como la Ruta 33, la 34 y la 9, todas esenciales para el movimiento de la producción agroindustrial y el tráfico interprovincial.

A pesar de la gravedad de la situación, desde el Ejecutivo nacional no se ha emitido una respuesta oficial que contradiga o confirme la versión de Enrico. Sin embargo, fuentes cercanas al Ministerio de Economía deslizaron que el ajuste del gasto público, en línea con la política fiscal de Milei, no deja margen para obras viales a gran escala sin contraprestaciones políticas o judiciales.

En ese marco, el planteo santafesino se da en un contexto de tensión creciente entre las provincias y la Nación, especialmente por los recursos que las jurisdicciones reclaman como transferencias automáticas o compensaciones. La deuda previsional es uno de los temas centrales en esa disputa, y Santa Fe mantiene una demanda activa ante la Corte Suprema de Justicia para exigir su pago.

La posibilidad de “canjear” obras por desistimientos judiciales podría sentar un precedente complejo en la relación entre el Gobierno central y las provincias, especialmente en un momento en el que varios distritos atraviesan situaciones similares.

Mientras tanto, los caminos siguen en estado crítico y la temporada alta de transporte no espera. La producción debe salir, los camiones deben circular y las rutas —al menos por ahora— no tienen solución a la vista.