Dos policías de Roldán enfrentan juicio por abuso sexual a una menor: la fiscalía pide 12 años de prisión

Un caso que expone grietas en la confianza institucional y despierta interrogantes sobre la seguridad ciudadana.

La Justicia avanza hacia un juicio oral contra dos agentes policiales acusados de abusar sexualmente de una adolescente de 15 años en Roldán. La fiscal Noelia Riccardi, de la Unidad Especial de Delitos Contra la Integridad Sexual, confirmó este martes durante una audiencia preliminar que solicitará 12 años de prisión efectiva para ambos imputados: Lautaro A. (26) y Ricardo P. (27). El hecho, ocurrido en marzo de 2023, conmociona a la comunidad y pone bajo la lupa el accionar de las fuerzas de seguridad.

Según la reconstrucción de la fiscalía, en la madrugada del 3 de marzo del año pasado, la víctima caminaba por la banquina de la ruta A012, entre Carlos Gardel y Los Nogales, cuando fue interceptada por un móvil policial. Los agentes, tras identificarla, le ofrecieron llevarla a su domicilio. La joven aceptó, pero lo que parecía un acto de auxilio derivó en una pesadilla.

Apenas iniciado el trayecto, los policías detuvieron el vehículo, apagaron las luces y reorganizaron los asientos. Lautaro A. se desplazó hacia la parte trasera, donde, según la acusación, sometió a la adolescente mediante el uso de la fuerza. Minutos después, una llamada por la radio interrumpió el ataque, lo que habría obligado al imputado a regresar al puesto delantero. Ricardo P., quien conducía, continuó el viaje hasta la casa de la víctima, no sin antes amenazarla para silenciar el hecho.

La fiscalía sostiene que Lautaro A. actuó como autor material del abuso sexual con acceso carnal agravado, mientras que Ricardo P. habría participado activamente, facilitando las condiciones para el delito. Ambos están acusados bajo la figura de agravante por pertenecer a la fuerza policial y cometer el crimen en ejercicio de sus funciones.

El juez Hernán Postma, de Primera Instancia, formalizó la audiencia preliminar este martes y admitió las pruebas presentadas por las partes, allanando el camino para el juicio oral. Entre los elementos clave figuran testimonios, registros de comunicación del móvil policial y pericias forenses.

El caso ha reavivado debates sobre los protocolos de actuación en situaciones de vulnerabilidad y la necesidad de mecanismos de control más rigurosos dentro de las instituciones. Organizaciones de derechos humanos y colectivos feministas han manifestado su vigilancia activa frente al proceso, exigiendo justicia para la víctima.

Mientras tanto, la comunidad de Roldán espera respuestas. El hecho de que los imputados sigan en libertad condicional, aunque suspendidos de sus cargos, genera malestar en sectores locales. La próxima etapa judicial podría definir no solo el futuro de los acusados, sino también la credibilidad de un sistema que promete proteger a sus ciudadanos.