El conflicto entre la Asociación de Obreros y Empleados Municipales y el gobierno del intendente Rolvider Santacroce escaló de manera significativa en las últimas horas, desembocando en una concentración y conferencia de prensa convocada para las 10 de la mañana de este martes frente al edificio del Palacio Municipal de Funes. La medida ratifica el profundo malestar que atraviesan los trabajadores del sector frente a una serie de resoluciones administrativas implementadas por la administración local que alteraron por completo el vínculo institucional entre las partes.

El origen principal de la disputa se encuentra en la decisión adoptada por el Municipio de dejar de actuar como agente de retención de la cuota sindical correspondiente a los afiliados. Esta medida formal quedó plasmada bajo el Decreto número 0409 de 2026, una resolución con la cual el oficialismo argumenta que los empleados tienen la plena libertad de optar por realizar sus aportes económicos de manera directa hacia la entidad gremial. Sin embargo, desde la conducción de ASOEM advirtieron de inmediato que esta modificación altera drásticamente su financiamiento operativo y pone en riesgo directo la continuidad de las prestaciones destinadas a sus bases.

Como consecuencia directa de este escenario financiero, el gremio anunció que se verá obligado a suspender alrededor de quince prestaciones esenciales que venía otorgando a sus representados. Entre los servicios afectados figuran el sistema de sepelio y seguro de vida, los descuentos vigentes en farmacias, la entrega periódica de bolsones de alimentos y útiles escolares, el acceso a ayudas económicas, los subsidios, el asesoramiento legal especializado y los programas de reparación de electrodomésticos, entre otras asistencias de carácter social.

A este cortocircuito inicial se le sumó un pliego de reclamos laborales que ASOEM venía exponiendo en las últimas semanas. El sindicato denuncia la existencia de una deuda acumulada durante un período de siete años en el pago de feriados para determinados sectores de la planta municipal, reclama la devolución inmediata de los montos descontados por el paro realizado el 28 de mayo —incluyendo el presentismo que, según sostienen, formaba parte de un acta acuerdo previa— y cuestiona que el pago del refrigerio se efectúa de manera parcial y desigual entre las distintas dependencias. Asimismo, exigieron mayores garantías de estabilidad laboral mediante pases a planta permanente y el estricto respeto a su representación gremial, sumado a una grave denuncia sobre supuestos descuentos de cuotas sindicales en recibos que no habrían sido transferidos a las arcas de la entidad durante tres meses.

Del otro lado del mostrador, el Ejecutivo municipal respondió con dureza y abrió un frente de debate político y financiero de alto voltaje. El secretario de Gobierno, Andrés Beguer, cuestionó públicamente el accionar de ASOEM y exigió explicaciones públicas sobre el destino final de la suma de doscientos cuarenta millones de pesos que, de acuerdo con sus afirmaciones, el Municipio giró al sindicato a lo largo de este año. El funcionario precisó además que setenta y dos millones de pesos fueron transferidos durante la semana previa al conflicto, vinculando directamente este manejo de recursos con la convocatoria a la marcha y exigiendo transparencia sobre la utilización de los fondos públicos.