Un hombre de 34 años con residencia en el barrio Fisherton quedó detenido e imputado por hacerse pasar por un juez federal para intentar acceder a información sensible del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (Sifcop). Se trata de una base de datos que registra medidas judiciales y restricciones vigentes sobre personas y vehículos. Según la investigación, el acusado habría enviado correos electrónicos con identidades falsas para obtener las claves, pero el Servicio Penitenciario Federal advirtió irregularidades y realizó la denuncia.

El fiscal federal Federico Reynares Solari, quien llevó adelante la investigación junto al fiscal auxiliar Ignacio Falconi, explicó en LT8 que el hombre se presentó en distintas oportunidades y con diferentes identidades. Los investigadores reconstruyeron una secuencia de intentos que comenzó en noviembre de 2024 y volvió a registrarse en julio de 2025.

La primera maniobra identificada ocurrió el 5 de noviembre de 2024, cuando el imputado envió un correo electrónico desde una casilla que simulaba pertenecer al Poder Judicial al Ministerio de Seguridad Nacional. El mensaje estaba firmado como Julio Andrés Herrera, quien se presentaba como juez federal, aunque, de acuerdo con la investigación, no existe un magistrado con ese nombre.

Desde el organismo le indicaron que debía dirigirse a la casilla oficial de la Comisión de Gestión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El 20 de noviembre de ese año, el hombre habría enviado otro correo desde una cuenta que imitaba las características de las direcciones del máximo tribunal y se hizo pasar por una responsable de esa área.

Al no conseguir la información solicitada, volvió a intentarlo el 1º de julio de 2025. Desde su domicilio creó una cuenta que simulaba corresponder al juzgado de María Romilda Servini de Curia y, al día siguiente, escribió al Servicio Penitenciario Federal. En ese mensaje anunció la supuesta apertura de una denuncia y el avance de una investigación penal por “uso de datos personales y malversación de información confidencial”. También volvió a requerir acceso al Sifcop.

Desde el organismo le pidieron que remitiera el correo a otra área. El 3 de julio envió dos mensajes con archivos adjuntos que contenían la supuesta firma de la jueza. Durante los 12 días siguientes hubo un intercambio de correos en el que se le solicitaron precisiones y requisitos para validar su identidad. Las inconsistencias detectadas llevaron al Servicio Penitenciario Federal a denunciar el caso. El hombre fue detenido el 29 de septiembre.

“Era una persona que conocía el manejo de cómo se accede a estas claves y el lenguaje judicial, pero al servicio penitenciario federal le llamó la atención y denunció”, explicó Reynares Solari.

La fiscalía le atribuye los delitos de usurpación de autoridad y de título, tentativa de acceso ilegítimo a un banco de datos personales y falsificación de documento público. A pedido del Ministerio Público Fiscal, el juez de Garantías Eduardo Rodrígues Da Cruz dispuso la prisión preventiva por 90 días.

Según lo expuesto por el fiscal, las cuentas bancarias del acusado no coincidían con la actividad registrada ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), pese a que estaba registrado en el servicio de justicia. Reynares Solari señaló que el hombre no tiene título de abogado y que podría haber trabajado como gestor en un estudio jurídico.

El fiscal también indicó que el detenido contaba con una advertencia judicial previa por falsificación de documentos públicos y por haberse presentado como médico. Según su declaración, habría firmado certificados de vacunación correspondientes a dosis que nunca se habían aplicado.

Otro punto de la investigación es la posible relación del imputado con personas vinculadas a causas en las que aparece Julio Rodríguez Granthon, conocido como “El Peruano”. Se trata de un expiloto de avión nacido en Perú y condenado a más de 30 años de prisión por narcotráfico y otros delitos. El fiscal mencionó esa posible conexión, aunque la información difundida no establece que se haya concretado.

Reynares Solari remarcó que el acusado nunca llegó a acceder a la información sensible. Sin embargo, consideró grave el intento de ingresar a una base de datos vinculada con la persecución penal. La denuncia del Servicio Penitenciario Federal permitió iniciar la investigación que derivó en la detención y posterior imputación del hombre.