El Gobierno nacional llevó a la Justicia Federal los incidentes registrados frente al Congreso durante la movilización contra la Ley de Propiedad Privada y pidió identificar y detener a los manifestantes que, según la denuncia, participaron de los hechos de violencia ocurridos durante la jornada.

La presentación fue realizada por el Ministerio de Seguridad Nacional a través de los abogados Germán Pugnaloni y Lisandro Franco, representantes de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos.

En el escrito, la cartera de Seguridad solicitó que se investiguen las conductas registradas durante la protesta y planteó que podrían encuadrar en los delitos de atentado al orden constitucional y democrático, atentado a la autoridad agravado, resistencia a la autoridad y daño agravado.

La denuncia cita los artículos 41 quinquies, 184, 226, 238 y 239 del Código Penal y sostiene además que los hechos habrían tenido como finalidad coaccionar a los poderes públicos.

La presentación judicial se produjo después de una jornada que estuvo marcada por enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en las inmediaciones del Congreso. El operativo se extendió durante más de tres horas y derivó en corridas, detenciones y personas heridas.

Como resultado de los procedimientos realizados durante la protesta, fueron detenidas 12 personas, a quienes se les atribuyen inicialmente delitos vinculados con atentado y resistencia a la autoridad.

También se registraron al menos cuatro personas heridas. Entre ellas se encuentra un fotoperiodista que se encontraba cubriendo la movilización. Además, un integrante de Gendarmería fue trasladado al Hospital Churruca después de recibir un golpe en la cabeza, mientras que un prefecto recibió asistencia médica en el lugar.

En la denuncia, el Ministerio de Seguridad sostuvo que durante los incidentes algunos manifestantes arrojaron piedras y escombros contra las fuerzas de seguridad y que, previamente, fueron dañados sectores de veredas y bancos públicos para obtener elementos utilizados durante los enfrentamientos.

El Gobierno también atribuyó a los manifestantes daños en infraestructura urbana y patrulleros.

A partir de esos hechos, la cartera nacional solicitó a la Justicia que se preserven las imágenes registradas por las cámaras de seguridad de la zona. El objetivo es contar con material que permita identificar a las personas que participaron de los incidentes y determinar las responsabilidades individuales.

La presentación también contempla los daños provocados sobre bienes y espacios públicos. Para ello, el Ministerio solicitó que sean citados el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Congreso de la Nación, con el objetivo de determinar el perjuicio económico ocasionado durante los disturbios.

La estimación difundida por el Gobierno porteño ubica el costo de los daños en $468 millones.

De acuerdo con ese cálculo, $130 millones corresponden a tareas vinculadas con contenedores y limpieza; $270 millones, a la destrucción del césped de la Plaza del Congreso; $38 millones, a equipamiento urbano; y otros $30 millones, a plantas.

El monto contempla distintos trabajos de reparación y reposición derivados de los daños registrados durante la jornada de protesta.

La investigación judicial deberá determinar ahora qué personas participaron de los hechos denunciados, cuál fue la conducta atribuida a cada una y si corresponde aplicar las figuras penales planteadas por el Ministerio de Seguridad.

La preservación de las cámaras de seguridad será uno de los elementos solicitados por la cartera nacional para avanzar en la identificación de los manifestantes. También se incorporarán los informes de las fuerzas de seguridad y el resto de las pruebas que puedan aportar información sobre los enfrentamientos, las detenciones y los daños.

Mientras tanto, las 12 personas detenidas quedaron vinculadas a las actuaciones iniciadas durante la jornada, en una causa que ahora deberá establecer las responsabilidades individuales y la eventual existencia de otros participantes.

La denuncia representa el paso judicial posterior a una protesta que terminó con enfrentamientos frente al Senado, heridos, detenidos y daños materiales, y abre una nueva etapa en la que la Justicia Federal deberá analizar los hechos y las pruebas reunidas.