El intendente de Funes, Rolvider Antonio Santacroce, fue denunciado por su esposa en la Comisaría 23 por presuntos malos tratos, agresiones verbales e intimidaciones en el ámbito doméstico. La presentación judicial tomó estado público en los últimos días y podría derivar en medidas de restricción mientras avanza la intervención judicial.

Según la denuncia, la mujer —médica de profesión— describió un contexto de convivencia que calificó como insostenible y solicitó la intervención del Estado para resguardar su seguridad y la de sus hijos adolescentes.

El contenido de la denuncia

En su declaración, la denunciante relató que en determinadas situaciones debía encerrarse con llave en una habitación junto a sus hijos para evitar episodios de agresividad. También hizo referencia a reuniones nocturnas organizadas en un quincho de la vivienda familiar, con presencia de terceros y consumo de alcohol, lo que —según indicó— incrementaba su sensación de vulnerabilidad.

El escrito incluye además que, tras un conflicto reciente, el intendente se habría retirado del domicilio llevándose dinero en efectivo correspondiente al fondo familiar.

De acuerdo con fuentes vinculadas a la causa, en las próximas horas la Justicia podría evaluar medidas preventivas, entre ellas una eventual restricción de acercamiento o exclusión del hogar, en el marco de los protocolos vigentes para casos de presunta violencia de género.

Hasta el momento, no se informó oficialmente si esas disposiciones ya fueron adoptadas.

El comunicado del intendente

En paralelo a la difusión pública de la denuncia, Santacroce emitió un mensaje en el que confirmó que atraviesa un proceso de separación luego de 20 años de matrimonio.

“Se trata de una situación estrictamente personal y familiar, que no afecta en absoluto mi responsabilidad ni mi compromiso como persona pública y como autoridad de esta ciudad”, expresó el jefe comunal.

En el texto sostuvo que el proceso se desarrolla “con respeto y diálogo”, priorizando el bienestar de los hijos, y lamentó que un asunto privado haya alcanzado un nivel de exposición que —según señaló— no buscaron ni desearon.

También afirmó que mantiene “la misma fortaleza y energía” para continuar con su gestión al frente del municipio.

Impacto político y escenario institucional

El caso abre un escenario sensible para la administración local. Si la Justicia avanza con medidas cautelares, el intendente deberá ajustarse a las disposiciones que se dicten, sin que por el momento se haya planteado formalmente una afectación institucional de su cargo.

Desde la Municipalidad no hubo hasta ahora un pronunciamiento oficial adicional sobre la denuncia ni sobre posibles pasos administrativos internos.

En el plano político, el tema ya generó repercusiones en el ámbito local y podría derivar en posicionamientos de distintos sectores, en función de cómo evolucione la investigación judicial.

Mientras tanto, la causa avanza en sede judicial y se esperan definiciones en relación con las medidas preventivas solicitadas.