El Ministerio Público de la Acusación pidió 13 años de prisión efectiva para un hombre acusado de intentar asesinar a su expareja en la ciudad de Venado Tuerto. El planteo fue formulado en el marco del juicio oral y marca un punto decisivo en una causa encuadrada como tentativa de femicidio.

La Fiscalía sostiene que el imputado debe responder por amenazas calificadas, lesiones y tentativa de homicidio doblemente calificado. Esta última figura contempla como agravantes tanto el vínculo con la víctima como el contexto de violencia de género, factores que elevan la expectativa de pena.

La reconstrucción del hecho

De acuerdo con la acusación, el episodio que derivó en el proceso judicial no fue aislado. La investigación describe un escenario previo de agresiones físicas y verbales que se habría prolongado en el tiempo.

Según la reconstrucción presentada ante el tribunal, el acusado habría ejercido violencia reiterada contra la mujer hasta llegar a un ataque que, para la Fiscalía, tuvo la intención directa de quitarle la vida. La intervención oportuna y la asistencia posterior habrían evitado un desenlace fatal.

El Ministerio Público expuso que la víctima atravesaba una situación de vulnerabilidad y que el imputado habría desobedecido advertencias y restricciones de acercamiento dictadas con anterioridad, un elemento que suele considerarse relevante en este tipo de procesos.

La figura penal y sus agravantes

La tentativa de homicidio doblemente calificado se aplica cuando se verifica un ataque directo contra la vida de una mujer mediando una relación de pareja o expareja y un contexto de violencia por razones de género, aun cuando la víctima sobreviva.

En este caso, la doble calificación incorpora el vínculo previo y la violencia ejercida en un marco de desigualdad y dominación. De prosperar el pedido fiscal, la condena implicaría cumplimiento efectivo de la pena.

El tribunal deberá analizar las pruebas presentadas por las partes y definir la responsabilidad penal del acusado en las próximas instancias del proceso.

Un contexto que se repite en la provincia

El hecho se inscribe en una problemática extendida en la provincia de Santa Fe. En ciudades como Venado Tuerto, los tribunales vienen registrando un incremento de denuncias por amenazas, lesiones y agresiones en el ámbito de relaciones de pareja o expareja.

Desde el ámbito judicial señalan que muchos intentos de femicidio presentan antecedentes de violencia previa. Las amenazas, el control y el incumplimiento de medidas cautelares aparecen con frecuencia en las causas más graves.

La investigación de este caso puso el foco en ese contexto sostenido, considerado por la Fiscalía como un elemento central para explicar la escalada del conflicto.

Marco legal y dispositivos de asistencia

En Argentina rige la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. La norma establece herramientas judiciales y administrativas para actuar ante situaciones de riesgo, incluyendo medidas de restricción perimetral y asistencia integral.

En Santa Fe funcionan equipos interdisciplinarios que brindan acompañamiento psicológico, legal y social a víctimas de violencia de género. Estos dispositivos buscan intervenir de manera temprana y sostener el proceso de denuncia y judicialización.

El avance del juicio y la eventual sentencia marcarán un nuevo capítulo en una causa que ya atravesó distintas instancias procesales y que ahora espera resolución.