La Justicia avanzó con imputaciones por tentativa de homicidio tras el violento ataque a una adolescente de 15 años ocurrido el 1º de enero en San Cristóbal. Dos menores no punibles quedaron bajo protección provincial.

La causa por la brutal agresión a una adolescente de 15 años en la ciudad de San Cristóbal registró avances judiciales significativos en las últimas horas. Un joven de 18 años y dos adolescentes punibles fueron imputados como coautores de una tentativa de homicidio por el ataque ocurrido el pasado 1º de enero, mientras que otros dos menores de edad no punibles quedaron bajo la órbita de organismos provinciales de protección.

El hecho ocurrió durante la tarde de ese jueves, cuando la víctima fue interceptada en la vía pública por un grupo de cinco personas y atacada con cuchillos. La joven sufrió heridas cortantes en el rostro y, según la reconstrucción inicial, los agresores intentaron herirla en zonas vitales. Desde un primer momento, la familia sostuvo que el objetivo del ataque era provocar su muerte.

Las imputaciones se resolvieron en tres audiencias desarrolladas entre el lunes y este martes en los tribunales de San Cristóbal, bajo la intervención de la jueza Cecilia Álamo. La investigación está a cargo de los fiscales Carina Gerbaldo, de la Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente, y Emiliano Odriozola, ambos pertenecientes al Ministerio Público de la Acusación.

De acuerdo a lo informado oficialmente, el imputado mayor de edad continuará el proceso en libertad, aunque bajo un estricto régimen de medidas alternativas. Entre las disposiciones impuestas se encuentran la prohibición absoluta de acercamiento o contacto con la víctima, su familia, testigos y coimputados, la fijación de domicilio, la obligación de permanecer bajo el cuidado de una familiar y la presentación obligatoria dos veces por semana en una dependencia policial. Además, tiene prohibido portar armas de fuego y salir del país.

En tanto, los dos adolescentes punibles imputados por el mismo delito permanecerán alojados por un plazo de 90 días en un Centro Especializado de Responsabilidad Penal Juvenil, bajo un régimen cerrado. Esta medida fue dispuesta en el marco de la normativa vigente para delitos graves cometidos por personas menores de edad.

Respecto de los otros dos integrantes del grupo, ambos menores no punibles, quedaron a disposición de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia. En estos casos, se dio intervención a equipos interdisciplinarios para la adopción de medidas de protección y acompañamiento, tanto para los menores involucrados como para la víctima y su entorno.

En uno de los expedientes, la jueza ordenó que en un plazo de 72 horas se realicen evaluaciones solicitadas por el Juzgado de Familia de Rafaela, a fin de determinar la necesidad de una eventual internación compulsiva, conforme a lo establecido por la Ley de Salud Mental.

Un ataque que sacudió a San Cristóbal

Según el relato de la madre de la adolescente, el ataque se produjo cuando la joven salió de su vivienda para dirigirse a un comercio del barrio. En ese trayecto fue rodeada por dos varones y tres mujeres, quienes comenzaron a agredirla con armas blancas. Durante el violento episodio, intentaron lesionarla en el cuello y le provocaron cortes en el rostro.

La intervención de vecinos fue clave para frenar la agresión y permitir el traslado de la víctima al hospital local. Posteriormente, fue derivada a un centro de mayor complejidad en Rafaela. Actualmente se encuentra fuera de peligro, aunque deberá ser evaluada por un cirujano plástico debido a las lesiones sufridas.

La familia aseguró que el hecho no fue aislado, sino el desenlace de una serie de episodios previos de hostigamiento, amenazas y situaciones de violencia, incluso a través de redes sociales. Tras el ataque, vecinos de la ciudad se movilizaron para reclamar justicia y exigir medidas frente a la violencia juvenil.

Desde el Ministerio Público de la Acusación solicitaron a los medios extremar los recaudos en la difusión del caso, teniendo en cuenta que tanto la víctima como la mayoría de las personas investigadas son menores de edad, en cumplimiento de la normativa vigente sobre protección de la identidad y la intimidad.