El Gobierno nacional modificó la Ley de Inteligencia Nacional mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que introduce cambios estructurales en el sistema de inteligencia del Estado y amplía las facultades de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Entre los puntos más relevantes, la nueva normativa habilita a los agentes de inteligencia a aprehender personas en situaciones de flagrancia o ante requerimiento judicial, con posterior intervención de las fuerzas de seguridad competentes.

El decreto fue publicado este viernes en el Boletín Oficial y formaliza una reestructuración que ya había comenzado a trascender en los últimos días. Según el texto, todas las actividades desarrolladas en el ámbito de la Inteligencia Nacional pasan a revestir carácter encubierto “en virtud de su sensibilidad”, con el objetivo de minimizar lo que el Ejecutivo define como “Riesgo Estratégico Nacional”.

En cuanto a la nueva atribución otorgada a la SIDE, el decreto aclara que la facultad de aprehensión no reemplaza el rol de las fuerzas policiales o de seguridad. En los casos en que los agentes de inteligencia procedan a una detención, deberán dar aviso inmediato a la autoridad policial o judicial correspondiente, que quedará a cargo de las actuaciones posteriores.

La norma también dispone la disolución de la Agencia de Seguridad Nacional y la creación de la Agencia Nacional de Contrainteligencia, un nuevo organismo que tendrá como funciones prevenir infiltraciones, detectar fugas de información clasificada, evitar acciones de sabotaje y neutralizar atentados contra el orden constitucional. Estas tareas deberán aplicarse de manera transversal en todo el Sector Público Nacional.

Otro de los ejes del decreto es la creación del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), cuya misión será proteger el ciberespacio de interés nacional. El organismo tendrá competencia sobre infraestructuras críticas de información, activos digitales estratégicos del Estado y sistemas tecnológicos utilizados en la prestación de servicios públicos esenciales, además de las plataformas del Sector Público Nacional.

Desde el Poder Ejecutivo sostienen que la reforma busca actualizar el sistema de inteligencia frente a nuevas amenazas, tanto en el plano interno como en el ámbito digital, y dotar al Estado de herramientas para responder a escenarios complejos vinculados a la seguridad nacional.

Sin embargo, la publicación del DNU generó un inmediato rechazo en sectores de la oposición, que cuestionaron tanto el contenido de la norma como el mecanismo elegido para su implementación. Legisladores opositores advirtieron que las modificaciones implican un cambio profundo en el alcance de las tareas de inteligencia sin debate parlamentario previo.

En ese sentido, el diputado nacional Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, expresó que el decreto representa un “retroceso histórico” y cuestionó que no haya sido tratado en el Congreso, a pesar de encontrarse en período de sesiones extraordinarias. Además, anticipó que desde la oposición evaluarán avanzar con acciones para impugnar su validez en el ámbito legislativo.

El DNU ya se encuentra vigente y será analizado por la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que deberá expedirse sobre su validez, mientras continúa el debate político y jurídico sobre el alcance de las reformas introducidas al sistema de inteligencia nacional.