La Justicia de Santa Fe condenó a un policía por robar cuatro cubiertas de un patrullero oficial y venderlas para pagar una deuda personal. El hecho ocurrió en la ciudad de San Justo y terminó con una sentencia de tres años de prisión condicional, una multa económica y la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.

El condenado fue identificado como José Nicolás López, de 40 años, quien al momento de los hechos se desempeñaba como subinspector en la comisaría 1ª de la Unidad Regional XVI. La investigación determinó que el agente sustrajo las cubiertas del móvil policial que estaba bajo su responsabilidad y luego las comercializó para obtener dinero en efectivo.

El caso se resolvió a través de un juicio abreviado, instancia en la que el imputado reconoció su responsabilidad penal. Este procedimiento permitió avanzar con rapidez hacia una condena firme, sin necesidad de llegar a un debate oral y público.

La sentencia incluyó una pena de tres años de prisión de ejecución condicional, lo que implica que el condenado no irá a la cárcel siempre y cuando cumpla con las reglas de conducta que establezca la Justicia. A esta sanción se sumó una multa de 90 mil pesos, el monto máximo previsto por la legislación penal para delitos de esta naturaleza.

Además, el tribunal dispuso la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos, una medida que implica la expulsión definitiva del agente de la fuerza policial y de cualquier función dentro del Estado. Se trata de una de las sanciones más severas previstas para funcionarios públicos condenados por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.

La investigación estuvo a cargo del fiscal Ezequiel Hernández, del Ministerio Público de la Acusación, quien destacó la celeridad con la que se logró avanzar en el proceso judicial. Según remarcó, los hechos fueron recientes y la aceptación de responsabilidad por parte del imputado permitió arribar rápidamente a una condena.

Desde el punto de vista judicial, el caso fue encuadrado como un delito contra la administración pública, agravado por la condición de funcionario policial del acusado. La utilización de bienes del Estado con fines personales fue uno de los ejes centrales de la acusación.

El episodio generó impacto en el ámbito policial y judicial de la región, ya que el patrullero afectado formaba parte del parque automotor destinado a tareas de prevención y seguridad ciudadana. La sustracción de las cubiertas dejó al móvil fuera de servicio, afectando directamente el funcionamiento operativo de la comisaría.

La condena se suma a una serie de causas en las que agentes de fuerzas de seguridad enfrentan procesos penales por delitos vinculados al uso indebido de recursos públicos. En este caso, la Justicia dejó en claro que la condición de policía no solo no atenúa la responsabilidad, sino que la agrava.

Con la sentencia firme, el ahora ex subinspector quedó definitivamente apartado de la fuerza, cerrando su carrera policial y quedando sujeto al cumplimiento de las condiciones impuestas por el tribunal para mantener la libertad condicional.