La Justicia argentina solicitó formalmente la extradición de Nicolás Maduro en el marco de una causa que investiga presuntas violaciones a los derechos humanos. El requerimiento fue presentado este lunes por el fiscal federal Carlos Stornelli, con el objetivo de que el mandatario venezolano sea indagado en el expediente abierto a partir de una denuncia impulsada en 2024 y que ya cuenta con una orden de detención vigente en el país.

El pedido fue elevado por el titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4 ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 2. En su presentación, Stornelli recordó que sobre Maduro pesa un llamado a prestar declaración indagatoria y una orden de detención dictada en el marco de una investigación por delitos de lesa humanidad, situación procesal que continúa activa en los tribunales federales argentinos.

La causa se originó a partir de una denuncia presentada por el Foro Argentina para la Defensa de la Democracia (FADD), una organización que promovió la apertura del expediente contra Maduro y otros integrantes del gobierno venezolano. La presentación judicial incluyó la imputación por hechos calificados como graves violaciones a los derechos humanos, en línea con estándares del derecho internacional.

Según consta en el expediente, la denuncia fue impulsada por el presidente del FADD, el legislador porteño Waldo Wolff, quien en ese momento se desempeñaba como ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. En el escrito presentado ante la Justicia, la organización solicitó que se evaluara la extradición de Maduro desde Estados Unidos hacia la Argentina, planteando que los hechos denunciados constituían delitos de lesa humanidad.

En un comunicado difundido al momento de la presentación, el Foro sostuvo que se habían iniciado acciones judiciales contra Nicolás Maduro y contra integrantes de los mandos altos, medios y bajos del gobierno venezolano, a quienes atribuyó la ejecución de hechos reconocidos como graves violaciones a los derechos humanos por el derecho internacional.

A partir de esa denuncia, el expediente avanzó en los tribunales federales de Comodoro Py. En septiembre de 2024, la Cámara Federal porteña dispuso la inmediata detención de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello, con el objetivo de que ambos prestaran declaración indagatoria en el marco de la causa. En esa resolución, los jueces consideraron acreditados los requisitos procesales para avanzar en la investigación por delitos de lesa humanidad.

En la misma decisión, el tribunal ordenó dar intervención a Interpol para solicitar la captura internacional de los imputados mediante el sistema de alertas rojas. Esa orden continúa vigente y constituye uno de los antecedentes centrales que ahora fundamentan el pedido formal de extradición presentado por el fiscal Stornelli.

El avance judicial se produce luego de que, en el marco de esta causa, se frustrara una visita de Nicolás Maduro a la Argentina. Aquella situación había generado repercusiones diplomáticas y políticas, al quedar en evidencia la existencia de órdenes judiciales activas que impedían su ingreso al país sin quedar sujeto a una eventual detención.

El requerimiento de extradición representa un nuevo paso en el trámite del expediente y abre una etapa de definiciones que excede el ámbito estrictamente judicial, dado que involucra mecanismos de cooperación internacional y decisiones que dependen de otros Estados y organismos.

Por el momento, la causa continúa radicada en la Justicia federal argentina, con medidas vigentes y actuaciones en curso. El pedido formulado por el fiscal apunta a avanzar en la indagatoria de Maduro en territorio argentino, en el marco de un expediente que investiga hechos encuadrados como violaciones a los derechos humanos y que mantiene activa la intervención de organismos judiciales nacionales e internacionales.