Dos allanamientos simultáneos se realizaron este jueves en la provincia de Santa Fe en el marco de una investigación internacional por tenencia de material de abuso sexual infantil. Los procedimientos tuvieron lugar en la ciudad de Santa Fe, en el barrio Alto Verde, y en Villa Constitución, bajo la coordinación de la Policía de Investigaciones (PDI) y la División Trata de Personas.

En ambas locaciones se incautaron dispositivos electrónicos y otros elementos de interés para la causa, aunque no hubo detenidos. Las medidas se concretaron a partir de un requerimiento vinculado al programa internacional “Escudo Protector”, una red de cooperación global orientada a combatir los delitos digitales relacionados con la producción, tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil.

Según precisó el director provincial de Investigaciones Criminales, Rolando Galfrascoli, se trata de una causa de alta complejidad, articulada con organismos internacionales de seguridad y justicia. “Estamos trabajando en coordinación con agencias de investigación extranjeras, dentro de una línea que busca desarticular redes que operan en distintos países”, explicó el funcionario.

Uno de los allanamientos se realizó en una vivienda de la manzana 7 del barrio Alto Verde, donde reside junto a su familia Cristian Tarragona, jugador de Unión de Santa Fe. No obstante, las autoridades no confirmaron si el futbolista o personas de su entorno están vinculadas directamente a la causa. La información, por el momento, se mantiene bajo estricta reserva judicial.

El otro operativo se desarrolló en la ciudad de Villa Constitución, con intervención de unidades especializadas en ciberdelitos. En ambos casos, los peritos trabajaron sobre material informático que será sometido a análisis forense para determinar posibles conexiones con los reportes internacionales que originaron la pesquisa.

Fuentes policiales confirmaron que los procedimientos se enmarcan en una colaboración transnacional con países que integran la red “Escudo Protector”, una iniciativa orientada a rastrear el intercambio ilegal de contenido de explotación infantil en plataformas digitales y redes de distribución en la web profunda.

Desde la PDI destacaron que el material secuestrado incluye teléfonos, computadoras y soportes digitales, los cuales serán peritados para establecer si contienen archivos o trazas de intercambio con usuarios investigados en el extranjero.

El caso se mantiene en estricta confidencialidad debido a la naturaleza sensible de los delitos investigados. Voceros judiciales remarcaron que las actuaciones están bajo reserva y que el análisis de la evidencia podría demorar varias semanas.

El Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe señaló que la provincia participa de este tipo de operativos en coordinación con Interpol, organismos nacionales y agencias de ciberseguridad internacional, con el objetivo de identificar las rutas digitales utilizadas para la distribución de material ilegal.

En los últimos años, los reportes por delitos vinculados a abuso sexual infantil en entornos digitales han aumentado de manera sostenida. Según los datos del programa “Escudo Protector”, más del 80% de los casos detectados a nivel mundial involucran a usuarios que operan desde entornos domésticos y que utilizan perfiles falsos o plataformas cifradas para evitar rastreos.

Por el momento, los investigadores santafesinos no descartan nuevas medidas en otras localidades de la provincia a partir del análisis de los dispositivos secuestrados. La información recolectada será remitida a los organismos internacionales que lideran la operación, con el fin de determinar el alcance y las conexiones locales de la red investigada.