La Causa Cuadernos de las Coimas, una de las investigaciones por corrupción más extensas de la historia judicial argentina, retomó esta semana su juicio oral con la participación de 25 imputados arrepentidos, cuyas declaraciones podrían resultar determinantes para el futuro procesal de Cristina Fernández de Kirchner, señalada por la fiscalía como jefa de una asociación ilícita.

El proceso, a cargo del Tribunal Oral Federal N°7, comenzó el pasado 6 de noviembre y se desarrolla íntegramente de forma virtual, aunque la Cámara Federal de Casación Penal evalúa trasladarlo al formato presencial por la magnitud de la causa: más de 600 testigos, cerca de 90 imputados y una estructura de presunto pago de sobornos que, según la acusación, se mantuvo activa durante los 12 años de gobiernos kirchneristas (2003–2015).

Los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero deberán coordinar las audiencias y definir en los próximos días si el juicio se traslada a un espacio físico, entre los que se mencionan la Sala AMIA de Comodoro Py, Costa Salguero o Tecnópolis, con el objetivo de acelerar el ritmo del proceso que, de mantenerse virtual, podría extenderse más de tres años.

Los 25 arrepentidos clave

Desde la semana próxima, comenzarán a declarar los empresarios y exfuncionarios arrepentidos que admitieron ante la fiscalía haber participado en el circuito de recaudación ilegal. Son 25 los imputados que se acogieron a la figura del “colaborador eficaz”, con el fin de obtener beneficios procesales a cambio de información relevante.

Entre ellos figuran nombres centrales del sector empresario y político:

Ernesto Clarens, financista, señalado como uno de los principales recaudadores.

José López, exsecretario de Obras Públicas.

Ángelo Calcaterra, exdueño de Iecsa y primo del expresidente Mauricio Macri.

Aldo Roggio, titular del grupo Roggio.

Carlos Wagner y Juan Chediack, expresidentes de la Cámara de la Construcción.

Claudio Uberti, exfuncionario del Ministerio de Planificación.

Enrique Pescarmona, fundador de Impsa.

Armando Loson, del grupo Albanesi.

Oscar Centeno, el chofer que dio origen a la causa con sus anotaciones.

Cada uno deberá ratificar lo declarado durante la instrucción judicial para sostener su acuerdo con la fiscalía. En caso contrario, podrían ser denunciados por falso testimonio, lo que implicaría la pérdida del beneficio legal.

Una trama de poder, dinero y obra pública

La investigación se originó en 2018 a partir de los cuadernos de Oscar Centeno, exchofer del entonces subsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta. En esas anotaciones, Centeno registró minuciosamente los traslados de bolsos con dinero que presuntamente provenían de sobornos de empresarios de la obra pública a funcionarios del gobierno.

Según la acusación de la fiscal Fabiana León, la estructura operó como una asociación ilícita destinada a la recaudación sistemática de fondos ilegales, canalizados a través del Ministerio de Planificación y, en algunos casos, entregados directamente en la Residencia de Olivos, la Casa Rosada y los domicilios particulares de Néstor y Cristina Kirchner.

El dinero, estimado en miles de millones de dólares, habría sido utilizado tanto para enriquecimiento personal como para financiamiento político y pago de coimas vinculadas a contratos de obra pública, concesiones energéticas, subsidios y represas.

Cristina Kirchner, en el centro de la acusación

La expresidenta enfrenta el proceso imputada como jefa de la asociación ilícita, junto al exministro de Planificación Julio De Vido y su exsecretario José López, quienes habrían actuado como los principales organizadores del circuito de coimas.

Según la fiscalía, Baratta era el encargado de coordinar las entregas y viajes junto a Centeno, mientras que López recibía los fondos y los distribuía a otros funcionarios.

La acusación sostiene que “los imputados desarrollaron sus actividades desde mayo de 2003 hasta noviembre de 2015 con la finalidad de organizar un sistema de recaudación de dinero ilícito destinado al enriquecimiento y a la comisión de otros delitos”.

Un juicio que podría marcar un precedente histórico

El proceso oral comenzó con la exposición de la fiscal León, quien calificó a la Causa Cuadernos como “la investigación de corrupción más grande de la historia argentina” y advirtió que, por su volumen, “solo puede compararse con algunos casos emblemáticos a nivel internacional”.

Además, el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paul Starc, destacó la magnitud del expediente: “Nunca hubo un juicio con tantos elementos probatorios ni con esta cantidad de involucrados”.

La expresidenta, actualmente bajo prisión domiciliaria en San José 1111, cumple una condena de seis años por administración fraudulenta en la causa Vialidad, confirmada este año por la Corte Suprema.

Mientras el TOF 7 define el ritmo de las próximas audiencias, la atención política y judicial vuelve a concentrarse en este caso, que combina poder, negocios y delación premiada, y que podría redefinir el mapa de responsabilidades en una de las tramas de corrupción más resonantes del país.