Una decisión que reaviva tensiones entre la Casa Rosada y el Congreso. Dos normas clave fueron aprobadas por amplia mayoría, pero su ejecución quedó en suspenso hasta que se definan los fondos para implementarlas.

El Gobierno nacional promulgó las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia Pediátrica, aunque resolvió suspender su aplicación hasta que el Congreso establezca de dónde saldrán los recursos para cubrir los gastos que ambas medidas implican.

La decisión fue oficializada a través de los decretos 759 y 760, publicados este lunes en el Boletín Oficial, donde se dispuso que las normas —identificadas como Ley 27.795 y Ley 27.796— quedarán sin ejecución inmediata por “no contar con las partidas presupuestarias necesarias”.

Ambas leyes habían sido aprobadas por amplias mayorías en Diputados y el Senado, luego de que el oficialismo intentara vetarlas y la oposición insistiera con su sanción definitiva. Pese a haber sido promulgadas, el Ejecutivo invocó nuevamente el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera (24.156), que impide aplicar leyes que generen gastos no previstos en el Presupuesto sin indicar su fuente de financiamiento.

Un argumento que se repite

El Gobierno también se amparó en el artículo 5° de la Ley 24.629, que dispone que toda norma que autorice erogaciones deberá prever expresamente su financiamiento, y que en caso contrario quedará suspendida su ejecución “hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional”.

Esta estrategia ya había sido utilizada semanas atrás con la Ley de Emergencia en Discapacidad, que sufrió el mismo destino tras ser aprobada con amplio respaldo parlamentario.

Los costos detrás de las leyes

En los considerandos de los decretos, el Ejecutivo justificó su decisión argumentando que la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario representaría en 2025 un costo superior a un billón de pesos, mientras que la denominada “Ley Garrahan” —que impulsa la creación de un programa de emergencia pediátrica nacional— demandaría cerca de 196 mil millones de pesos.

Según se detalla, esos montos “incrementan de manera desproporcionada el gasto público sin que existan recursos suficientes para solventar dicho gasto”, y generarían “un desequilibrio fiscal que mina la estabilidad macroeconómica y afecta a la población, especialmente a los sectores más vulnerables”.

Tensiones políticas y consecuencias

La medida vuelve a tensar el vínculo entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, luego de una serie de vetos y contra vetos que marcaron el pulso político de los últimos meses. Mientras la oposición acusa al Gobierno de obstaculizar políticas sociales y educativas de amplio consenso, desde la Casa Rosada sostienen que “no se puede gastar lo que no se tiene”.

En los próximos días, la discusión podría trasladarse al Parlamento, donde el oficialismo insistirá en que cualquier ampliación presupuestaria se incorpore recién con el Presupuesto 2026.

En paralelo, las universidades nacionales y los hospitales pediátricos aguardan definiciones sobre el futuro de las partidas, en un contexto de presupuesto prorrogado y ajuste sostenido en el gasto público.

Por ahora, las leyes están vigentes pero sin aplicación práctica: una formalidad legal que mantiene suspendidas las medidas hasta que el Congreso determine cómo financiar su ejecución.